El fiscal solicita 17 años de cárcel por abusos a una interna del Psiquiátrico

16/12/2011

Acusa a un funcionario de Fontcalent de aprovecharse de su autoridad para mantener relaciones sexuales con la reclusa

El funcionario acusado de abusar sexualmente de una interna del psiquiátrico penitenciario de Fontcalent se enfrenta a un total de 17 años u medio de prisión por tres delitos de agresión sexual, según recoge la calificación provisional elaborada por la Fiscalía. Así, el Ministerio Público solicita que se le impongan cinco años de prisión por cada una de las presuntas agresiones y otros dos años y medio por abusar de su cargo para mantener relaciones sexuales con la víctima.
La mujer, que padece una esquizofrenia paranoide, llegó al psiquiátrico en mayo de 2004, cuando un tribunal le impuso 10 años de internamiento por un delito de homicidio cometido en Las Palmas de Gran Canaria.
Tras su llegada al centro, «y sin que conste la fecha exacta, aunque con anterioridad al mes de noviembre de 2005», el funcionario «mantuvo un número indeterminado de relaciones sexuales con la interna consistentes en felaciones» que ella realizaba al acusado, según el escrito de acusación. Estos contactos sexuales se produjeron tras «los requerimientos» del procesado, que se aprovechó «de su condición de funcionario y de la situación mental de la mujer», explica el Ministerio Público.
A partir de noviembre de 2005, la Junta de Tratamiento del psiquiátrico empezó a autorizar las salidas tuteladas de la víctima, que dormía en una casa de acogida. «En dichas salidas (…), la interna era esperada por el procesado», que, con su vehículo, la conducía hasta «lugares fuera de Alicante, como Santa Pola, Arenales de Sol o Benidorm». Una vez allí, mantenían relaciones sexuales en el interior del coche, apunta la acusación pública.
«Dichas relaciones se mantuvieron hasta finales del año 2009, fecha en que se tuvo conocimiento de las mismas por parte de la dirección y, asimismo, por manifestaciones realizadas por la mujer a la juez y los fiscales de Vigilancia Penitenciaria en el expediente abierto contra dicho funcionario por estos y otros hechos», concluye la Fiscalía.
Según los informes psiquiátricos solicitados por el juzgado, la víctima presenta actualmente «un trastorno bipolar con trastorno de personalidad tipo disocial sin conciencia de la misma y difícil control de sus impulsos».
Además de las penas de cárcel, el Ministerio Público pide que el procesado indemnice a la interna con 6.000 euros por los daños morales causados.
El trabajador ahora acusado había sido denunciado previamente por presuntos malos tratos a un interno, una causa que todavía sigue pendiente.
De hecho, cuando la reclusa alertó de los supuestos abusos, este celador ya había sido apartado de manera cautelar de su puesto a raíz de una investigación interna abierta por Instituciones Penitenciarias. Además, varias funcionarias del centro habían alertado de que la conducta del procesado había generado quejas en el módulo de mujeres del psiquiátrico penitenciario.

Fuente: La Verdad


Mercedes Gallizo reconoce que es absurdo que los enfermos mentales acaben encarcelados

10/12/2010

«La cárcel se ha convertido en la última etapa para los enfermos mentales», dice Gallizo

El 34% de los internos de Villabona recibe cuidados psiquiátricos y eso «nos devuelve a la Edad Media», lamenta la jefa de Instituciones Penitenciarias.

R. MUÑIZ | OVIEDO.

«Esto no puede resistir mucho más». El veredicto lo compartían ayer fiscales y carceleros, familiares de presos y médicos. Todos se reunieron para debatir por qué las cárceles se están llenando de enfermos mentales, gente que, metidos en una celda, «sólo pueden empeorar». Villabona terminó el año pasado con 1.547 internos y, de ellos, 548 (el 34%) recibieron algún tipo de tratamiento psiquiátrico. El Ministerio del Interior examinó hace cuatro años sus celdas, descubriendo que un 25% de los reos tienen al menos un diagnóstico psiquiátrico en su historial.

«Algo está fallando, cuando para muchas personas el camino a la enfermedad mental tiene su última etapa en la cárcel», concluyó ayer Mercedes Gallizo, secretaria general de Instituciones Penitenciarias. La responsable de prisiones participó ayer en la jornadas sobre ’Salud mental y sistema penitenciario’, donde confesó su frustración. El diagnóstico que maneja encuentra la raíz del mal en cierto autismo del sistema de salud.

Desde los años 80, e impulsada desde Asturias, se fue imponiendo una reforma psiquiátrica que llamó a derruir los manicomios para que los enfermos mentales fueran cuidados desde dentro de la sociedad. El principio tiene lógica. Aislado, el psicótico, bipolar o depresivo refuerza su trastorno, cayendo en un agujero. Cuando le arropa un entorno de normalidad que sabe cómo cuidarle, encuentra, sin embargo, estímulos para volver a la senda del sentido común.

El problema es que la teoría se aplicó sin facilitarles a las familias las herramientas necesarias. En un momento donde llegaron a las calles drogas de diseño que erosionan las neuronas, los parientes no encontraron suficientes médicos de apoyo, centros de día y terapias ocupacionales. Empezó ahí todo un «desastre asistencial. Ahora, para muchas familias con escaso nivel económico, el encarcelamiento se ha vuelto en el único recurso y lo digo a sabiendas de que el internamiento es un desgarro para ellas, pero también un alivio», lamentó Mercedes Gallizo.

Toda la responsabilidad sería por tanto del sistema sanitario, que no está cuidando como debe a los enfermos mentales. La secretaria mostró datos que apoyan esta tesis: según la Organización Mundial de la Salud, los trastornos psíquicos causan el 12% de la carga de morbilidad, pese a lo cual «no reciben ni un 1% del presupuesto sanitario».

Ese déficit abre un agujero en la red por el que se cuelan los enfermos mentales, «que pasan de médico a médico sin recibir la respuesta que requieren, hasta que al final cometen un delito y llegan a nuestras prisiones», relató Gallizo. Una vez dentro, «son responsables de los principales conflictos, porque están bajo un régimen donde sus patologías se deterioran hasta llevarles a más sanciones y abusos». Gallizo clamó por otra respuesta «más humana; porque lo de ahora nos devuelve a la Edad Media, cuando la locura se constituyó el primer motivo para privar de libertad, antes incluso que el delito».

Llegados a este punto, la responsable de prisiones lanzó la polémica: ¿quién debe darle la vuelta a la situación? ¿Son las prisiones las que tienen que reciclarse y especializarse en el trato de enfermos mentales, o es el sistema sanitario el que ha de abrir espacios para acogerlos? Instituciones Penitenciarias apuesta por ambas vías. Por un lado, está implantando un «programa de asistencia integral para enfermos mentales». De momento, son 35 los centros adscritos. Villabona está en la lista, lo que se traduce en que un grupo de medio centenar de reos participan en talleres ocupacionales que les organizan las asociaciones Hierbabuena, Cruz Roja y Afesa.

El impulso tiene, empero, un límite. En España sólo hay dos hospitales penitenciarios psiquiátricos, con unas 700 plazas, y Gallizo sólo está dispuesta a abrir un centro más: «Si hiciéramos más, la sociedad seguiría cerrando los ojos y los que tienen la responsabilidad de crear recursos alternativos no se moverían», sentencia Gallizo.

Fuente: El Comercio Digital


El Populismo Punitivo

09/07/2010

Quaderns de Barcelona. Ciutadania i Drets. Barcelona, Regidoria de Dona i Drets Civils. Ajuntament de Barcelona, 2006.

Idiomas: català i castellà
DL: B-50376-05.

Índice: Estudio Preliminar. Transformaciones sociales, mercado de trabajo y sistema penal. Contexto General. I. Europa y Estados Unidos de América del Norte: entre dos líneas político-criminales. II. España: ejemplo europeo de recepción político-criminal de la intolerancia penal. Análisis de las reformas y contrarreformas del sistema penal en España (1995-2005). ¿Qué horizontes penales se dibujan? I. En Europa y en los Estados Unidos de América del Norte. II. En España.

Se puede descargar en la web del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de la Universidad de Barcelona


¿Una nueva contrarreforma penal?

10/06/2010

JOSÉ LUIS DÍEZ RIPOLLÉS

El anuncio de una nueva reforma penal, hecho que sucede con frecuencia, suele constituir motivo de preocupación para quienes promueven un abordaje racional de la prevención de la delincuencia. Desgraciadamente, la política criminal ha dejado de ser para nuestros gobernantes una política pública más, para convertirse en un instrumento privilegiado para agitar los sentimientos de inseguridad y venganza de la ciudadanía en beneficio de intereses electorales a corto plazo.

Las declaradas intenciones del Gobierno socialista de pactar con el Partido Popular la reforma penal de 2010 auguraba de nuevo, como sucedió en las reformas de 2003, una modificación legal en la que los dos partidos mayoritarios pugnarían por presentar ante el electorado propuestas arbitrariamente rigurosas e innecesarias. Pero la crispación política ha alterado en alguna medida el curso de los acontecimientos: el Partido Popular ha pedido demasiado.

La consecuencia ha sido que la necesidad de pacto con otras fuerzas políticas ha dado lugar a una reforma penal con claroscuros, aunque predomine el diseño inicial, construido para pactar con el PP.

En el haber de la reforma está que nuestro legislador empieza a entender que el derecho penal moderno solo se legitima si trata igual cualesquiera conductas gravemente lesivas para nuestra convivencia, aun las realizadas por los sectores poderosos de nuestra sociedad. Esto es, si el derecho penal deja de ser el derecho destinado a aplicarse a los sectores sociales más desfavorecidos.

La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es, en este sentido, un paso significativo, aun cuando no existe consenso en la doctrina jurídica sobre los contornos de su regulación.

Las modestas reformas realizadas en delitos socioeconómicos y contra la corrupción deben valorarse positivamente. Se amplían las conductas punibles en algunos casos, como en delitos urbanísticos o en cohecho, colmando lagunas de punición, y se crea el delito de corrupción entre particulares. Además, se incrementan las penas en todos ellos y en otros delitos de naturaleza semejante. En algunos casos, la pena de multa deja de ser una alternativa a la prisión, con lo que se evita que conductas graves de corrupción se salden con una mera multa.

El margen de discrecionalidad judicial abierto en los delitos relativos a drogas, o la moderación punitiva en las conductas de los manteros, van en la dirección correcta.

La reforma no modifica nuestro anticuado sistema de penas, que hace que usemos de una manera desproporcionada la pena de prisión. Así, ha ignorado la necesidad de revocar las reformas de 2003 que introdujeron el llamado periodo de seguridad o reglas de concurso de delitos que prolongan la estancia en prisión de manera generalizada.

Al contrario, se han tomado decisiones en sentido contrario: el nuevo delito de pertenencia a un grupo, que no organización, criminal supone insertar en el discurso de la delincuencia organizada meros supuestos de acuerdo transitorio para delinquir, propios de toda codelincuencia. Esta sola norma tiene gran capacidad para desestabilizar, aún más, todo el sistema de ejecución de penas. Qué decir de la decisión de endurecer la reacción frente al delincuente patrimonial leve, ingresándolo en prisión los fines de semana: en lugar de ensayar reacciones penales cercanas a políticas sociales, intereses de imagen turística de ciertas ciudades hacen surgir la versión sociovergente del barrer las calles de quienes empañan esa imagen.

El populismo punitivo surge con fuerza en la enésima reforma agravadora de los delitos sexuales, que se pretende justificar mendazmente en obligaciones internacionales. Más significativo es aun que la desmesurada regulación resultante haya tenido muy escasas enmiendas en contra.

Lo mismo cabe decir de la medida de seguridad de libertad vigilada: frente a otras posibles y más eficaces soluciones para el muy escaso número de personas en las que persiste su peligrosidad tras la condena, se opta por una medida que se terminará aplicando a muchos más supuestos de los necesarios.

La compulsiva tendencia a endurecer los delitos de terrorismo no podía faltar. Se tiene la impresión de que estos delitos responden a claves que no tienen que ver con principios penales sino con otros más pragmáticos residenciados en el Ministerio del Interior.

En suma, no es una reforma para descalificar sumariamente, pero seguimos en las sombras, lejos de una política criminal ilustrada.

José Luis Díez Ripollés es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga

Fuente: El País


Más mano dura para el país con más presos: Aprobada la reforma del Código Penal, uno de los más severos de Europa.

10/06/2010

MANUEL ALTOZANO / MÓNICA CEBERIO BELAZA 10/06/2010

Las cárceles están llenas. Hay casi 77.000 presos. Más que en Alemania, que dobla en población a España. No caben más. La razón es la dureza de la ley penal, el código de 1995, agravado en sucesivas reformas (25 en total) y convertido en uno de los más punitivos de toda Europa. El Parlamento acaba de endurecerlo aún más. El Senado aprobó ayer definitivamente la modificación de más de 150 artículos con los apoyos de los socialistas, CiU, Coalición Canaria y UPN, la abstención de PP y BNG y el voto en contra del PNV. Ni el Gobierno ni el Congreso de los Diputados ni el Senado se han enfrentado al evidente problema que supondría que la población penitenciaria siga aumentando al mismo ritmo de los últimos años. Nadie se atreve a defender ante la opinión pública que, quizá, sea necesario rebajar algunas penas para que el sistema no se colapse.

La macrorreforma iba acompañada de una memoria económica que ocupaba exactamente un folio y medio y que, decía sin mucha explicación, la reforma no tendría impacto en la población reclusa. Pero, aunque ciertos aspectos -como suavizar las penas por tráfico de droga para casos de escasa entidad o convertir en falta las infracciones de los manteros para que no entren en la cárcel- pueden hacer que disminuya algo el número de presos, la mayoría de las medidas endurecen de forma evidente el código.

La reforma agrava las penas por terrorismo, crímenes sexuales y corrupción en delitos urbanísticos y ambientales; introduce la libertad vigilada para algunas infracciones; recoge el concepto nuevo de “grupo criminal”; las personas jurídicas, por primera vez en la historia, podrán ser imputadas; y los ladrones multirreincidentes irán a la cárcel los fines de semana.

Algunos de los cambios eran necesarios para incorporar al derecho español obligaciones internacionales. Pero no todos. Ni siquiera la mayoría. Se han agravado las penas mucho más de lo que era estrictamente necesario. Ha ocurrido, por ejemplo, con los delitos sexuales. El Gobierno justificó el aumento punitivo por la necesidad de trasponer al derecho español la normativa europea. Pero solo un porcentaje mínimo de cambios eran obligatorios.

En primer lugar, la Decisión Marco sobre la Explotación Sexual de los Niños y la Pornografía Infantil que Bruselas ordena incluir en nuestro código se refiere solo a delitos relacionados con menores, y la reforma ha cambiado también algunos tipos de adultos. Por otro lado, de las 33 conductas punibles de este tipo a las que afecta la reforma, solo en dos casos la norma europea obligaba a agravar la pena, según un trabajo realizado por la profesora de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid María Martín. En algunos casos, como la agresión sexual agravada a menores de 13 años (penada como mínimo con 10 años), se duplica la recomendación europea de que la pena máxima sea al menos de cinco años. El Consejo General del Poder Judicial criticó el aumento de estas condenas por “falta de proporcionalidad” y cuestionó el hecho de que la violación de un menor de 13 años se castigue con una pena mayor que la de un homicidio.

“No tenemos un problema con los delitos sexuales, que siguen siendo muy menores”, explica el magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Ramón Sáez Valcárcel. “El incremento de la criminalización de estas conductas carece de sentido. Se trata de populismo punitivo, de legislar cara a la galería y además crea alarma entre la población”. Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida, dijo algo parecido durante la tramitación parlamentaria: “El nuevo Código Penal nace preocupado únicamente por lo que digan los medios de comunicación, que son insaciables. Hagan lo que quieran, métanle 100 años, que considerarán que no es suficiente”.

Otro de los puntos polémicos es la libertad vigilada: la posibilidad de controlar a una persona cuando ya ha cumplido su pena. El PNV se opuso y el Poder Judicial fue especialmente crítico con esta medida, en la que vio problemas de constitucionalidad. Se podrá imponer, con una duración máxima de 10 años, en casos de delitos de terrorismo y sexuales (no solo a los graves, sino a todos, incluso a los más leves como el acoso y el exhibicionismo, con penas de tres a seis meses de cárcel).

Se han agravado también las penas para carteristas reincidentes, que podrán ir a la cárcel en fin de semana y festivos. Al PSOE, que había asegurado durante la tramitación parlamentaria que endurecería las penas para delitos graves y de cuello blanco pero en ningún caso para los pequeños delincuentes, le ganó la partida CiU, impulsor de este cambio. El cumplimiento de estas penas generará problemas evidentes a Instituciones Penitenciarias, que no solo tiene las prisiones a rebosar de lunes a viernes.

Otra medida que generará mayores sanciones es el nuevo concepto de “grupo criminal”. Los penalistas están de acuerdo en que el viejo delito de asociación ilícita no era ni suficiente ni idóneo para luchar contra la delincuencia organizada del siglo XXI. Por ello se ha incluido un castigo específico para los autores que pertenezcan a “organizaciones criminales” si se cumplen ciertos requisitos (que haya una cierta estructura, estabilidad y una división funcional). Pero, cuando no se cumplan, siempre y cuando haya más de dos personas que participen en el delito, se podrá entender que forman, al menos, un “grupo criminal”. “Esto supone la extensión de la lógica de los delitos de terrorismo a todos los demás”, opina Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid. “Es innecesario. La introducción de la figura de la organización criminal era suficiente. Que se junten en un momento dado tres personas para cometer uno o dos robos no las convierte en un grupo criminal. Una vez más el legislador se ha amparado en este punto en la normativa europea cuando esta no lo exigía”.

La modificación legal recoge también, por primera vez, la responsabilidad penal de las empresas que, como cualquier persona física, podrán ser acusadas y sancionadas por delitos como las estafas, delitos medioambientales y cohechos. Es una responsabilidad independiente de la de los individuos concretos de la compañía. La regulación tiene algunas lagunas y nadie sabe muy bien cómo se aplicará finalmente, pero lo que pretende es evitar la impunidad. “En un momento en que los Estados son despojados de sus capacidades de control y vigilancia de los agentes económicos, desde la UE se promueve un sistema que vuelve a apoderar a los Estados, permitiéndoles sancionar a las empresas más gravemente incumplidoras”, explica Jacobo Dopico, profesor de Derecho Penal de la Universidad Carlos III y asesor del despacho González Franco, que trabaja actualmente con varios de los gigantes económicos que empezaron a pedir asesoramiento antes incluso de que se aprobara la reforma. “Y ello, justo tras la época más problemática del capitalismo salvaje. Más allá de diferencias técnicas sobre cómo debe implementarse, o sobre qué modelo es mejor, esa es la gran noticia”.

Hay, sin embargo, una clara ausencia en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley. En el catálogo de delitos que las empresas pueden cometer no están los delitos contra los derechos de los trabajadores. Conductas tan comunes como la explotación laboral de inmigrantes o el grave incumplimiento de las normativas de seguridad e higiene, muy relacionadas con los accidentes laborales, quedan fuera.

Y es que, en contra de lo que manifestó ayer un senador del PSOE, la reforma no es “firme con los chorizos de cuello blanco y humanitaria con los más débiles”. Un ejemplo: mientras que el robo en casa habitada conlleva una pena de entre tres años y medio y cinco años de cárcel, en los delitos urbanísticos el castigo oscila entre uno y tres años. Otros delitos típicos de los poderosos como el tráfico de influencias aumentan su pena máxima de dos a tres años pero no la mínima, de uno, lo que permitirá suspender la pena en muchos casos y que el condenado no entre en prisión. “Y solo con la cárcel la ley tendría un efecto disuasorio en estos casos”, opina el magistrado Ramón Sáez.

La reforma incluye también nuevos tipos como la piratería, la corrupción entre particulares o el tráfico de órganos. Se ha quedado por el camino la gran petición del PP: la cadena perpetua revisable. El PSOE la tachó de inconstitucional y no obtuvo consenso del resto de los grupos. La paradoja es que, a pesar de las connotaciones que tiene la cadena perpetua, en los países en los que se aplica el tiempo de cumplimiento medio de las condenas es menor que en España con su cumplimiento íntegro de penas de hasta 40 años.

Las principales novedades

Delitos sexuales. Se agrava la pena de 33 infracciones con la excusa de trasponer la normativa europea que, sin embargo, solo obligaba a incrementar el castigo en dos casos.

Libertad vigilada. Se establece esta medida de seguridad para los delitos sexuales y de terrorismo. Se aplica una vez cumplida la condena. Puede durar hasta 10 años.

Empresas delincuentes. Las empresas y asociaciones pasan a ser responsables de estafas, cohechos, delitos urbanísticos o medioambientales y se les puede imponer penas de multa, disolución o la inhabilitación para recibir subvenciones.

Piratería. Casos como el del Playa de Bakio y el Alakrana, los atuneros secuestrados en el Índico por piratas somalíes, serán castigados con penas de 10 a 15 años de cárcel.

Tráfico de órganos. Se convierte en conducta ilegal. Se castigará con penas de entre seis y 12 años si es un órgano principal y de entre tres y seis si no lo es.

Fuente: El País


Mesa redonda: ALTERNATIVAS COMUNITARIAS AL PSIQUIÁTRICO PENITENCIARIO

07/06/2010

Día 14 de junio de 2010, a las 19 h,

Seu Universitària, Av. Ramón y Cajal, 4, Alicante.


Manual de Recursos de la OMS sobre Salud Mental: Personas con enfermedades mentales en conflicto con la ley: cuestiones fundamentales

10/05/2010

Resumen:
El sistema de justicia penal debe preferir, cuando sea posible, el tratamiento al encarcelamiento de las
personas con trastornos mentales en conflicto con la ley penal. La estructura del sistema de justicia
criminal debe permitir la derivación de las personas con trastornos mentales a programas de tratamiento
en todas las etapas del procedimiento penal.
1. Iniciación de la acción penal – Los fiscales deben considerar los siguientes factores al momento de
decidir si inician acciones penales contra una persona con trastornos mentales: la gravedad del delito; la
historia psiquiátrica de la persona; el estado mental al momento del hecho delictivo, y el estado mental
actual; la posibilidad de empeoramiento de la salud de la persona; y el interés de la comunidad en la
persecución penal.
2. Etapa del juicio:
a) Capacidad para enfrentar el juicio – Para que alguien esté en condiciones de enfrentar un juicio,
la ley requiere que se evalúa si el acusado puede entender el procedimiento legal y las consecuencias
de este procedimiento, y comunicarse efectivamente con su asesor legal. Si se considera que no está
en condiciones de enfrentar el juicio, los cargos pueden desestimarse o suspenderse, hasta que la
persona reciba tratamiento. Las personas internadas en instituciones de salud mental mientras
pende el juicio deben tener los mismos derechos que todas las demás personas sujetas a internación
involuntaria, incluyendo el derecho a la revisión judicial por un órgano de revisión independiente.
b) Declaración de inimputabilidad penal – Cuando se determina que, al momento del hecho
delictivo, la persona con trastornos mentales no era responsable de sus actos, es preferible
someterla a tratamiento que a encarcelamiento. La mayoría de los tribunales permiten alegar la
inimputabilidad por razones de salud mental, si el razonamiento, la comprensión o el autocontrol de
la persona estaban afectadas al momento del hecho delictivo. La persona declarada penalmente
inimputable puede ser puesta en libertad una vez que su trastorno mental experimente mejoría.
3. Etapa de determinación de la pena:
a) Sentencias de ejecución condicional – Las personas con trastornos mentales pueden recibir
tratamiento a través de sentencias no privativas de libertad, o de órdenes de tratamiento
comunitario, que permiten llevar a cabo el tratamiento en la comunidad con sujeción a ciertas
condiciones. Si una persona no cumple con las condiciones estipuladas, puede ser conducida
nuevamente a la institución para completar su tratamiento.
b) Órdenes de internación – También puede proporcionarse tratamiento a través de una orden de
internación (por ejemplo, una sentencia privativa de libertad que ordene su cumplimiento en una
institución de salud mental). La persona sujeta a una orden de internación no puede ser detenida
para recibir tratamiento por un período mayor al de la condena que le hubiera correspondido, salvo
que se cumpla con el procedimiento para el ingreso involuntario. Las personas sometidas a órdenes
de internación tienen derecho a la revisión periódica de su detención por un órgano de revisión
independiente.
4. Etapa de ejecución de la pena:
a) Transferencia de internos – Si una persona desarrolla un trastorno mental después de su
encarcelamiento, puede ser transferida a la unidad hospitalaria de la prisión o a otra institución de
salud mental de seguridad para recibir tratamiento de salud mental. Los internos transferidos de este
modo tienen los mismos derechos que los demás pacientes involuntarios, como el derecho a
consentir el tratamiento, a la confidencialidad y a ser protegidos del trato inhumano o degradante.
Los internos también tienen derecho a obtener la libertad condicional. Un interno no puede ser
detenido para recibir tratamiento por un período más extenso que el de la sentencia, salvo que se
cumpla con el procedimiento de ingreso involuntario.
Instituciones e instalaciones para personas con trastornos mentales en conflicto con la ley penal
Puede ser necesario establecer disposiciones que prevean la existencia de instituciones de salud mental de
seguridad. La legislación puede establecer los criterios relativos a los niveles de seguridad que requieren
los pacientes; estos niveles deben ser revisados regularmente. Ningún paciente debe permanecer en un
hospital con un nivel de seguridad mayor al necesario.

Ver Manual de Recursos de la OMS sobre Salud Mental, paǵinas 84-90