La realidad penitenciaria de la Comunidad de Aragón

2009

Cáritas Zaragoza

El informe muestra las consecuencias sociales y personales producidas por la cárcel y propone alternativas para evitar la reincidencia y la exclusión social de las personas que entran en este entramado de falsa reinserción. Con la autorización de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior se pudo estudiar la situación de 400 personas presas de los tres centros penitenciarios aragoneses. Para la elaboración de este estudio se ha contactado también con 250 familias de personas presas, se ha contado con siete expertos y se establecieron cinco grupos de discusión
El estudio analiza las relaciones entre pobreza, exclusión y cárcel; denuncia el agotamiento de la prisión como solución única al delito; defiende la corresponsabilidad de toda la sociedad en el origen del delito y en la reinserción de las personas presas y destaca la importancia del entorno afectivo como elemento reinsertador.
Además, presenta unas propuestas de actuación para el interior y el exterior del ámbito penitenciario, haciendo hincapié en la reivindicación de unas políticas de prevención que atañen al sector educativo, laboral y familiar. El informe constata una doliente falta de información, concienciación y de corresponsabilidad de nuestro tejido social público (Administraciones de todo nivel) y privado (instituciones financieras, universidades, patronales…) en lo relativo a la vida en prisión en general y, también apunta algunos efectos, generados por una mala información desde los medios de comunicación, que repercuten y han repercutido en el imaginario colectivo de la sociedad, con grave daño para las personas que sufren, desde el inicio de su existencia, la criminalización de la pobreza. De las 73.950 personas presas en España en Noviembre 2008, 2.544 cumplen condena en Aragón (2.394 hombres y 150 mujeres).
El perfil de las personas presas en Aragón no ha variado sustancialmente respecto del tradicional perfil consolidado desde los años 90 con la excepción del peso de una mayor extranjería y la incorporación de problemas de salud mental: varón, entre 21 y 40 años, español, con una condena media de 8,3 años, condenado por un delito contra la propiedad o el tráfico de drogas, con bajo nivel formativo, con problemas de adicción, y con importantes problemas de salud mental.
España es uno de los países de la UE con menor tasa de criminalidad. Mientras la media de la tasa de criminalidad en la UE se sitúa en 69 infracciones por cada mil habitantes, en España, las cifras indican que tan sólo tenemos 50,7 infracciones por cada mil habitantes. Es decir 18,3 infracciones menos por cada mil habitantes. La conclusión es clara: ni se cometen muchos delitos, ni los que se cometen tienen como objeto principal las personas (eje fundamental de la percepción de inseguridad ciudadana) sino la propiedad. En España, el índice de quebrantamientos de los permisos penitenciarios es de 0,58 por ciento.

Fuente: Cáritas.

Descargar informe en PDF (616 páginas)

Ver una presentación del estudio en diapositivas

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