Prisión y salud mental: Una intervención urgente.

Salud Mental

En pleno siglo XXI, la calle sigue siendo el hogar de muchas personas con trastornos y enfermedades mentales, a veces asociados a problemas de drogodependencias. En otras ocasiones, los muros de las cárceles son los que ocultan esta dura realidad. Para ellas no hay respuestas. No suelen encajar en los recursos existentes ni tampoco existen dispositivos específicos para su perfil, marcado por la exclusión social, el deterioro y la falta de oportunidades. Viven un desamparo absoluto, mientras sigue sin cumplirse la legislación establecida al respecto

Según los últimos datos oficiales, a fecha de 21 de diciembre de 2007, un total de 67.261 personas están privadas de libertad en cárceles de todo el Estado, 14.689 de ellas, en prisiones andaluzas.
El perfil de la persona presa sigue estando marcado por la vulnerabilidad social. La mayoría están en prisión por delitos relacionados con la adicción a las drogas (delitos contra la propiedad como pequeños robos y hurtos en su mayoría y delitos contra la salud pública consistentes, sobre todo, en pequeño tráfico de drogas o trapicheo). Entre un 70% y un 80% de la población reclusa tiene o ha tenido problemas de drogas. De este porcentaje, el 82’8% no tiene estudios o sólo primarios, el 32’4% se encontraba en paro antes del ingreso en prisión (tasa que triplica a la de la población general) y en un 35’8% de los casos, sus ingresos proceden de la economía sumergida.

A este panorama de absoluta fragilidad, hay que añadir una situación dramática: la altísima incidencia de graves problemas de salud. La prisión concentra las tasas más altas de enfermedades infecciosas graves como el Sida (entre un 15% y un 18% de las personas presas tienen VIH y el 4’2% ha desarrollado Sida), la Hepatitis (41%) o la Tuberculosis (5%). A lo anterior, hay que añadir la existencia de problemas de salud mental en gran parte de la población reclusa.

La salud en prisión es una asignatura pendiente. Miles de personas presas con enfermedades muy graves no están recibiendo una atención sanitaria adecuada. En su caso, la privación de libertad viene acompañada de la privación del derecho a la salud en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.
Esta situación se debe a múltiples factores. En prisión no hay suficientes recursos sanitarios y además sólo existen equipos de atención primaria. La falta de especialistas para las enfermedades más comunes (infecciosas, psiquiátricas e incluso odontológicas) dentro del medio penitenciario, complica gravemente la situación.

Aunque el Reglamento Penitenciario establece que debe acudir un psiquiatra a los centros penitenciarios, no siempre se cumple o se hace de manera superficial. En cuanto a los psicólogos, que forman parte del personal sanitario fijo del centro, su labor se limita a valorar a cada persona presa de forma previa a su clasificación en uno u otro grado penitenciario o a resolver sobre la concesión de permisos, sin realizar una labor terapéutica individual o grupal. De todas formas, su presencia es insuficiente, pues sólo existe un psicólogo por cada 310 personas presas.

Además, se pierden numerosas citas para operaciones quirúrgicas programadas o consultas con especialistas en el exterior. Según se recoge en la Memoria de la Sección de Vigilancia Penitenciaria de la Fiscalía de Sevilla, durante el año 2006 sólo en la cárcel de Sevilla se cancelaron el 43’63% de las citas sanitarias. Es decir, que se perdió casi una de cada dos citas programadas con personas privadas de libertad.

A esto se añade que el personal sanitario de prisiones depende jerárquicamente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. El 1 de diciembre de 2004 era la fecha límite recogida en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud para integrar la sanidad penitenciaria en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Pero, a fecha de hoy, los médicos de prisiones siguen dependiendo de Instituciones Penitenciarias y no de las autoridades sanitarias.
También hay que tener en cuenta que el hacinamiento desmesurado que existe en las prisiones contribuye a agravar el estado de salud de las personas presas enfermas así como a aumentar las posibilidades de contagio de enfermedades infecciosas. Según señala el sindicato Comisiones Obreras, tras dos años de ralentización, en 2007 el número de personas presas vuelve a crecer a un ritmo alarmante, terminando el año con casi el doble de internos en los centros que hace quince años. El Estado español tiene una ratio de 130 internos por cada 100.000 habitantes, muy por encima de las 90 personas reclusas de los países de la Unión Europea. Y, sin embargo, las cifras de criminalidad en España son ligeramente inferiores a la de esos mismos Estados.

Es incomprensible cómo un espacio con tal incidencia de enfermedades graves cuenta con una asistencia sanitaria tan deficiente.

Salud mental y prisión

La Reforma de la asistencia psiquiátrica iniciada en España en los años ochenta supuso una transformación sustancial del sistema de atención a la salud mental en nuestro país. Entre las medidas emprendidas, se procedió a la integración de la atención a la salud mental en la atención sanitaria general, el aumento de recursos destinados a estas prácticas, la pérdida de hegemonía de la institución manicomial, la formación de equipos interprofesionales, el desarrollo de dispositivos con mayor capacidad para atender los trastornos mentales mal llamados menores o la definición y el desarrollo (aún insuficiente, desde luego) de recursos de rehabilitación, cuidados y apoyo para pacientes graves y crónicos (Fernández Liria & Diéguez Porres, 1998).
Esta reforma, en pocas palabras, determinó un proceso de “desinstitucionalización” de los enfermos que dio lugar al cierre o la reforma de los hospitales psiquiátricos, conocidos como los antiguos “manicomios”. Dicho cambio debería haberse producido al mismo tiempo que se desarrollaban servicios comunitarios -centros de día, consultas ambulatorias, servicios sociales, etc.- para acoger a las personas que salieron de los hospitales, pero no siempre fue así.

Según la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), persiste una notable insuficiencia de recursos humanos y materiales para atender la demanda en materia de salud mental, sobre todo en lo que se refiere a dispositivos comunitarios sanitarios y sociales y a la atención de sectores de la población especialmente vulnerables como las personas mayores, los adolescentes, los inmigrantes y los penados.

Muchas de las personas que permanecían en los hospitales psiquiátricos se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad social, sin recursos ni apoyos externos y sin tener dónde ir. La ausencia de recursos específicos para este perfil ha conseguido que muchas de estas personas se hayan convertido en los nuevos “sin techo”; otras veces, inmersas en el círculo de marginalidad y delincuencia, acaban en las prisiones. Las cárceles están llenas de personas con trastornos y enfermedades mentales, coincidiendo, la mayoría de ellas, en un perfil de exclusión social. La sociedad, en un intento por mejorar la dignidad en el trato a estas personas, ha terminado olvidándose de ellas.

A esta situación hay que añadir que las condiciones de marginalidad social afectan cada vez a más personas. Las formas de vida en condiciones de extrema dureza están en la base de la aparición o el agravamiento de los problemas mentales y a veces de los problemas de delincuencia provocados por el abandono.
Por otro lado, las propias condiciones carcelarias y la forma en la que se desarrolla la privación de libertad están detrás de muchos trastornos y enfermedades mentales que presentan las personas presas. La cárcel despersonaliza, aniquila a la persona, provoca un estado de ausencia permanente que anula todas las posibilidades de control sobre su propia vida y destino. En este ambiente tan hostil, en la vida “subterránea” de la prisión, se desarrollan actitudes que a veces sirven a la persona presa para “sobrevivir”, pero que también afectan a su salud mental.

El resultado es que en las prisiones encontramos una incidencia mucho mayor de problemas mentales que en la población general, en la que ya de por sí está aumentando este tipo de patología.

Según el Estudio sobre la Situación de las Personas con Problemas de Drogodependencias en Prisión, de UNAD, el 25’7% de las personas drogodependientes encuestadas manifiesta tener trastornos psicopatológicos. Por su parte, la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, en octubre de 2007 señaló que el porcentaje de población penitenciaria con enfermedades mentales graves se sitúa entre un 5% y un 6%, afectando a un 40% los trastornos mentales y de personalidad. En muchas de estas personas, concurren problemas de salud mental y problemas de drogas, lo que se conoce como patología dual.

Una atención con lagunas

Como hemos señalado, si hay un rasgo que podemos encontrar con frecuencia en las personas presas con problemas mentales es su situación de exclusión social, marcada por la falta de recursos económicos, de vivienda, de estudios o experiencia laboral, de apoyo familiar, etc.

El primer problema que puede ocurrir es que la persona ingrese en prisión sin estar diagnosticada y sin que en su sentencia se tenga en cuenta su enfermedad como circunstancia eximente o modificativa de la responsabilidad criminal (atenuante) ni como presupuesto para aplicar una medida de seguimiento consistente en aplicar tratamiento terapéutico. A veces, la persona es diagnosticada en prisión, pero en muchas otras ocasiones, su enfermedad sigue siendo invisible.

De todas formas, aun en el caso de reconocerse la enfermedad mental, hoy por hoy, siguen sin recibir una atención adecuada. En prisión no existen programas específicos para las personas con problemas mentales ni especialistas que les realicen un seguimiento adecuado. La situación no se soluciona cuando la persona sale de prisión, ya que en la calle tampoco existen recursos suficientes y, sobre todo, en ellos no tienen cabida las personas con enfermedad mental que se encuentran en condiciones más deterioradas, una situación verdaderamente crítica en el caso de las personas con patología dual. A esto se suma la necesidad de mejorar notablemente la coordinación entre los servicios médicos de las prisiones y los servicios de salud mental del Servicio Andaluz de Salud. El resultado es que muchas de estas personas al salir de prisión no contactan con los equipos de salud mental y no reciben tratamiento alguno, porque tampoco hay nadie que se ocupe de ellas.

Cumplir la Ley

A excepción de Cataluña, en el resto del territorio español, las Comunidades Autónomas no tienen las competencias en materia penitenciaria, que están en manos del Estado. Sin embargo, sí que existen acuerdos para coordinar la intervención de las Administraciones implicadas en este terreno.
El 23 de marzo de 1992, la Junta de Andalucía y la Administración central suscribieron el Convenio Marco de Colaboración en materia penitenciaria, con el objetivo de conseguir los fines que la Constitución Española y las leyes vigentes establecen para las penas de privación de libertad, es decir, la reeducación y la reinserción social de las personas presas. Una de las áreas recogidas en este Convenio es la de atención sanitaria, con medidas encaminadas a prevenir la enfermedad y a mejorar la salud.

Para la atención primaria, el Convenio establece el desarrollo de programas de educación para la salud, campañas de medicina preventiva y de vigilancia epidemiológica. En concreto, la Consejería de Salud asume el compromiso de incluir a los centros penitenciarios en los programas y campañas de medicina preventiva existentes en la Comunidad Autónoma, considerando a las personas privadas de libertad como una población de alto riesgo y de atención preferente.

Respecto a la atención especializada, se contempla la atención ambulatoria en los centros penitenciarios y la atención hospitalaria en centros dependientes del Servicio Andaluz de Salud. De esta forma, el Servicio Andaluz de Salud debe ofertar a sus médicos especialistas la posibilidad de pasar consulta en el interior de las prisiones, de acuerdo a las necesidades estimadas por los servicios sanitarios.

Asimismo, este documento pone especial énfasis en la especial atención a los problemas de salud mental y en la necesidad de formación continuada del personal sanitario penitenciario en instituciones del Servicio Andaluz de Salud.

Otras cuestiones recogidas en este Convenio Marco son la creación de zonas de seguridad en los hospitales del Servicio Andaluz de Salud para el ingreso de pacientes procedentes de las prisiones, así como la inclusión en los programas de formación del SAS de médicos y demás personal sanitario dependiente de Instituciones Penitenciarias.

Desde entonces, se han firmado nuevos Convenios para ejecutar dicho Acuerdo. El 17 de noviembre de 2005 se suscribió el Convenio en materia de Asistencia Sanitaria entre la Consejería de Salud y la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios del entonces Ministerio de Justicia e Interior, desarrollando las previsiones establecidas en el Convenio Marco de 1992.

Por este Convenio, la Consejería de Salud se comprometía a establecer un Hospital de referencia para los centros penitenciarios con el fin de atender las necesidades de desplazamiento de los especialistas a las prisiones, eso sí, de nuevo, de acuerdo a las posibilidades y voluntariedad de sus facultativos.

También se comprometía a gestionar las consultas de especialidades en los Hospitales de referencia procedentes de los centros penitenciarios y a realizar protocolos conjuntos sobre los tipos de patologías, los criterios de derivación de pacientes desde las prisiones a las consultas de los Hospitales de referencia, así como los criterios de desplazamiento de los facultativos especialistas a la cárcel.

Instituciones y organismos públicos se han pronunciado en demanda del cumplimiento de estos Acuerdos. Tal es el caso del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla que, en reiteradas ocasiones, en particular, ante el elevado número de citas perdidas con especialistas de hospitales, ha emitido autos instando a la Junta de Andalucía y a Instituciones Penitenciarias a la aplicación del Convenio Marco de Colaboración en materia penitenciaria de 23 de marzo de 1992, y a la Dirección del Centro Penitenciario de Sevilla II a cumplir con su competencia como responsable de velar por la vida, integridad y salud de los internos. Este asunto ha suscitado también la preocupación del Defensor del Pueblo Andaluz, reflejado en varios de sus informes, con requerimientos a todos los organismos implicados en la resolución del problema.

Aunque se ha avanzado en muchos aspectos de los señalados, sigue siendo una asignatura pendiente el desplazamiento al propio centro penitenciario de los especialistas, incumplimiento que deja desamparadas a numerosas personas presas, entre ellas, las que presentan problemas de salud mental.

Un compromiso pendiente

El 29 de mayo de 2006, el Ministerio de Interior y la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía suscribieron el Acuerdo Sectorial en materia de Servicios Sociales para las personas con discapacidad internas en establecimientos penitenciarios de Andalucía, incluyéndose tanto aquellas con discapacidad psíquica como las que presentan enfermedad mental.

Con este Acuerdo se pretendía atajar la realidad de que las cárceles están llenas de personas con trastornos y enfermedades graves, atendidas de forma deficiente y muchas de ellas ni siquiera diagnosticadas.
Entre otras medidas, se aprobó estudiar, a través de la Fundación Andaluza de Ayuda al Enfermo Mental (FAISEM) y las direcciones de los centros penitenciarios, la situación actual de los programas de atención a necesidades de salud mental de la población reclusa y qué actuaciones harían falta poner en marcha para mejorar estos programas. También se comprometieron ambas Administraciones a investigar las necesidades de la población reclusa con enfermedad mental y las alternativas de atención que existen. Y, finalmente, a analizar la situación de cada persona y, en su caso, preparar, junto con la Administración Penitenciaria, los Juzgados, el Ministerio Fiscal y los Servicios Sanitarios, su salida del centro penitenciario.

Por el momento, en febrero de 2007 se creó la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Acuerdo y también se están desarrollando las Comisiones provinciales, además de la elaboración del protocolo a aplicar en las prisiones para realizar el análisis individual de cada caso.

Sin embargo, la gravedad de la situación exige una intervención más decidida y cumplir todas las medidas recogidas en los sucesivos acuerdos. No podemos permitir que personas gravemente enfermas estén desprotegidas desde el punto de vista de su salud.

Propuestas para avanzar

Hacen falta recursos para las personas con problemas de salud mental en condiciones de exclusión social. Para aquellas que viven con escasos recursos o incluso en la calle sin nada y para aquellas otras que permanecen encerradas en las prisiones sin recibir una atención adecuada y que deberían estar en centros donde pudiera tratarse su enfermedad. La inversión en dispositivos terapéuticos, sanitarios y sociales específicos para los perfiles que actualmente no encuentran respuesta en los recursos existentes es una prioridad absoluta. En este apartado, mención especial merecen las personas que presentan problemas de drogodependencias y de salud mental.

Por otro lado, mientras la persona permanezca en prisión, es una obligación de las autoridades que reciba una asistencia sanitaria en condiciones de igualdad que el resto de personas no privadas de libertad. Una de las cuestiones en la actualidad abandonada y que debe repararse de inmediato es el desplazamiento de los profesionales sanitarios hasta las prisiones para ofrecer a estas personas la asistencia psiquiátrica y psicológica que necesitan.

En definitiva, deberíamos empezar por hacer efectiva toda la legislación que protege el Derecho a la Salud de las personas presas, empezando por la propia Constitución Española. No son medidas utópicas y su incumplimiento implica la vulneración de Derechos fundamentales como es el de la Salud.

Cada vez que no se cumpla una medida de protección de la salud recogida en la Ley, cada vez que una persona enferma no sea atendida cuando lo necesite, cada vez que se permita que las condiciones en las que una persona cumpla su condena le provoquen la aparición o empeoramiento de patologías, se estará caminando hacia una sociedad injusta y deshumanizada. Avanzar en sentido contrario, aplicar medidas de derecho, en cambio, permitirá acabar con las situaciones de discriminación que afectan a tantas personas.

Fuente: Fundación Enlace

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