Urgente creación de los Centros de Educación Especial para el cumplimiento de Medidas de Seguridad

CRITERIOS DE ACTUACION, CONCLUSIONES Y ACUERDOS APROBADOS POR LOS JUECES DE VIGILANCIA PENITENCIARIA EN SUS XVI REUNIONES CELEBRADAS ENTRE 1981 Y 2007

Se insta a las Administraciones penitenciarias a que procedan a la urgente creación de los centros de educación especial, pues su inexistencia actual representa una grave carencia del sistema general penitenciario, que repercute negativamente en el tratamiento de reclusos con deficiencias psíquicas y alteraciones en la percepción que les distorsiona gravemente su conciencia de la realidad. (Aprobado por unanimidad).

MOTIVACIÓN: La creación de estos Centros constituye un imperativo para las instituciones penitenciarias, conforme a sus fines definidos en el artículo 1 de la LOGP; como tales establecimientos, aparecieron además previstos en el artículo 11 c) de la misma LOGP, que los contemplaba como una de las modalidades de los Centros especiales, bajo la denominación de Centros de rehabilitación social. El Código penal ha revisto su existencia bajo la denominación de Centros de educación especial – artículos. 101, 103 y 104-, estableciendo que en los mismos se cumplirán las medidas de seguridad de internamiento de sentenciados a los que se apreció eximente o semieximente por causa de su deficiencia psíquica o déficits de percepción sensorial de la realidad. Actualmente, próximos a los veinticinco años desde la entrada en vigor de la LOGP, y tras siete años de la entrada en vigor del Código penal, siguen sin existir.
Su creación constituye no sólo un imperativo para poder dar cumplimiento a las medidas de seguridad que pudieran imponerse por Jueces y Tribunales sentenciadores, de conformidad con lo dispuesto en los artículos. 101, 103 y 104
del mismo Código, sino también para el tratamiento de penados que adolezcan de tales deficiencias, y a quienes no se les hubiera apreciado circunstancias modificativas de su responsabilidad criminal. Es cierto que el artículo 182.3 del Reglamento Penitenciario ha previsto el desarrollo de convenios de las Administraciones con instituciones públicas y privadas para el cumplimiento de medidas de seguridad, pero ello no exime a las Instituciones Penitenciarias de su deber de retención y custodia, que requeriría en todo caso una aprobación judicial; y por otra parte el citado artículo 182.3 del Reglamento no extiende su cobertura a penados que pudieran adolecer de estas deficiencias psíquicas y sensoriales.

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