Familiares de internos piden cerrar el módulo de mujeres del Psiquiátrico de Fontcalent a la juez

El juzgado pedirá informes al centro para estudiar la denuncia de que la masificación y el desorden atentan a los derechos de las internas

S. ESCRIBANO Una situación límite. La Asociación de Familiares y Amigos de internos del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent ha pedido a la juez que decrete el cierre el módulo de mujeres de este centro al considerar que la masificación y la desorganización atentan contra el derecho a la dignidad, a la integridad y a la igualdad de las enfermas. Alegan que no se las separa según las diferentes patologías, su gravedad o si ya han sido juzgadas o no, como ocurre con los varones. La magistrada de Vigilancia Penitenciaria de Alicante, Montserrat Navarro, ya estudia la solicitud y pedirá al centro informes al respecto.

No obstante, esta medida parece complicada, pues “por el momento no existe posibilidad de reubicarlas”, reconoce la juez. Y es que de los dos psiquiátricos penitenciarios que hay en España (el de Fontcalent y otro en Sevilla) sólo el de Alicante alberga a mujeres. En la actualidad, según el escrito remitido por la asociación al juzgado, existen 38 internas de diferentes comunidades, edades y con muy diversas enfermedades.

La masificación es un 30% superior a la de marzo, cuando el Defensor del Pueblo visitó las instalaciones, por lo que los familiares consideran que la situación “ha empeorado”. Desde la asociación recuerdan que en el informe de esta institución se señalaba que “el módulo de mujeres alojaba a 29 enfermas, sin ningún criterio ni posibilidad de separación, de forma que conviven personas de muy heterogéneo grupo de patologías mentales”, como esquizofrenia, psicosis por consumo de drogas, trastornos mentales orgánicos, bipolares o discapacidades intelectuales. Los familiares inciden en que esta limitación dificulta la posibilidad de darles el tratamiento adecuado y en que en estas dependencias “prima la sensación de desorden”.
En el centro hay mujeres de todas las edades, incluso de 70 y 78 años, según reflejan los familiares, quienes inciden en que algunas llevan casi 20 años allí “juntas y revueltas”. De las 38 internas, 5 se encuentran pendientes de que se celebre el juicio, 7 han sido condenadas, 25 absueltas y hay otra a la que se sustituyó la prisión al detectarse la enfermedad mental. Un cajón desastre en el que conviven internas de todas las partes del país y en el que sólo hay tres de la Comunidad Valenciana (dos de Alicante) y el resto pertenecen a otras autonomías como Andalucía (13) o Castilla La Mancha (3), entre otras.

La asociación considera se “vulnera” el derecho a la igualdad de las internas, pues recuerdan que los varones están clasificados en tres módulos de acuerdo con su situación médica, jurídica y penitenciaria y que además pueden ser trasladados al centro de Sevilla. Además, creen que la masificación atenta a su dignidad y que toda esta situación vulnera su derecho a un tratamiento adecuado que no les perjudique.
En el escrito, resaltan que esta situación “perjudica a la salud de las personas por la carencia de espacio, pequeño, limitado y desorganizado”. Es por ello que la medida de seguridad impuesta a las mujeres se convierte, según los familiares, en un “castigo”.

Fuente: Información

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