El Populismo Punitivo

09/07/2010

Quaderns de Barcelona. Ciutadania i Drets. Barcelona, Regidoria de Dona i Drets Civils. Ajuntament de Barcelona, 2006.

Idiomas: català i castellà
DL: B-50376-05.

Índice: Estudio Preliminar. Transformaciones sociales, mercado de trabajo y sistema penal. Contexto General. I. Europa y Estados Unidos de América del Norte: entre dos líneas político-criminales. II. España: ejemplo europeo de recepción político-criminal de la intolerancia penal. Análisis de las reformas y contrarreformas del sistema penal en España (1995-2005). ¿Qué horizontes penales se dibujan? I. En Europa y en los Estados Unidos de América del Norte. II. En España.

Se puede descargar en la web del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de la Universidad de Barcelona


IV Jornadas contra la Tortura, Sevilla marzo de 2010

06/04/2010

Los días 5 y 6 de marzo de 2010, las 45 asociaciones que ahora forman parte de la renombrada COORDINADORA PARA LA PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA TORTURA (CPDT), celebraron sus IV JORNADAS “CONTRA LA TORTURA”, para analizar los cambios ocurridos en los últimos años, valorar sus
implicaciones y renovar su compromiso de trabajo de la prevención, denuncia y erradicación de la tortura.

Documento de Conclusiones


Ponencias de las “Jornadas sobre personas con enfermedad mental en régimen penitenciario”

13/10/2009

Descargar las ponencias y conclusiones en Documentos de FEAFES

Recopilación de las ponencias de las jornadas que la Asociación de Familiares y Amigos de los Pacientes Ingresados en el Hopital Psiquiátrico Penintenciario de Alicante (AFAPI-HPPA) organizó en el Caixa Forum (Madrid).

El 8 de junio se presentaron las siguientes ponencias:

– “La situación de las personas con enfermedad mental en prisión: aspectos legales”. Ángel Luís Ortiz González. ; Lourdes Chasco Piérola.

– “Derechos humanos de las personas con enfemedad mental en prisión”. Jesús Cáceres García.

– “Representantes de las asociaciones de salud mental”. Karina Rocha Currás ; Adrián López Sanz.

Ponencias del 9 de junio:

– “La experiencia de Navarra en medidas alternativas”. Amador Ruiz Sanz.

– “Situación de las personas con enfermedad mental inimputables en el sistema penitenciario”. Sergio Ruiz Arias ; Francesc Pérez Arnau.


Informe sobre la Tortura en el Estado Español en 2008

11/06/2009

Informe Tortura Estado Español 2008
Descargar el Resumen o el Informe completo en la web de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura


Informe sobre la Tortura en el Estado Español en 2007

19/03/2009

Informe sobre la Tortura


Maltratos en el ámbito penitenciario

18/03/2009

11-09-08

Antoni Vicens

En los casos de violencia penitenciaria, el Tribunal Constitucional, y tras el toda la jurisprudencia menor, ha resuelto la cuestión otorgando presunción de veracidad a los funcionarios, en aquellos casos en los que existe una contradicción entre la declaración de un interno y la de estos.

La asunción del principio de la dignidad de la persona como presupuesto ético, elevada en el artículo 10.1 de nuestra Carta Magna al rango de fundamento del orden político y de la paz social, es sin duda alguna uno de los mayores logros de las democracias occidentales. Alcanzarlo no ha sido fácil, y lo cierto es que todavía nos cuesta dar respuestas coherentes y adecuadas a este principio respecto a determinados colectivos, entre ellos la población reclusa.

No en vano la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979 -en adelante LOGP- dispuso la creación de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, entre cuyas competencias, el artículo 76 preveía salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario puedan producirse, en parte, como garantía concreta de la prohibición de los tratos inhumanos o degradantes contemplada en el artículo 14 de nuestra Constitución.

La previsión de que en el seno de la administración penitenciaria pudieran producirse abusos y desviaciones, no respondía sólo a circunstancias históricas, ni siquiera a las reivindicaciones de los presos comunes en el muy convulso panorama penitenciario español de los setenta. Responde, sobre todo, a la constatación de que, objetivamente, el privado de libertad se encuentra en una posición de vulnerabilidad e indefensión mucho mayor que el ciudadano libre, es decir, en una especial situación de riesgo objetivo.

Esta situación objetiva de riesgo, se debe principalmente a dos circunstancias. En primer lugar, a la opacidad intrínseca y, en mayor o menor medida inevitable, de todo centro penitenciario.

Así como en la denominada violencia contra la mujer la mayoría de las agresiones se producen en la opacidad del domicilio conyugal, lejos de miradas de terceros, la violencia penitenciaria se produce generalmente en espacios cerrados (opacos) en el que comúnmente se encuentra el privado de libertad frente al funcionario.

Hasta que por la jurisprudencia no se entendió que esa opacidad formaba parte del problema mismo de la violencia contra la mujer, y que obviar la dificultad probatoria que de ello se derivaba era tanto como amparar de facto espacios de impunidad para los supuestos agresores, no se comprendió la necesidad de marcar un nuevo equilibrio entre la tutela judicial efectiva a la víctima y la presunción de inocencia del supuesto agresor en este tipo específico de criminalidad.

Por el contrario, en los casos de violencia penitenciaria, el Tribunal Constitucional, y tras el toda la jurisprudencia menor, ha resuelto la cuestión otorgando presunción de veracidad a los funcionarios, en aquellos casos en los que existe una contradicción entre la declaración de un interno y la de estos.

En la práctica, eso se traduce en un espacio objetivo de impunidad cuya consecuencia inmediata es dificultar en gran manera la inmensa mayoría de investigaciones internas que se incoan cuando, existiendo una denuncia de malos tratos de un interno contra un funcionario, esta simplemente es negada por este, justificando las lesiones que puedan aparece en el correspondiente informe médico, como resultado de haber ejercitado la fuerza mínima indispensable para reducir al interno. Igual suerte corren, salvo contadas excepciones, las denuncias interpuestas por los internos ante la jurisdicción penal: ante las versiones contradictorias es frecuente que las actuaciones se archiven en base al principio de presunción de inocencia que ampara al denunciado.

Otra de las circunstancias objetivas que, a mi entender, conforman, junto a la opacidad, una situación objetiva de riesgo, es la obligada dependencia del interno con respecto al funcionario.

En el ámbito de la violencia contra la mujer, el legislador ha considerado oportuno articular una doble vía de protección a la víctima: la denominada orden de alejamiento y la facilitación de los medios necesarios para que la víctima pueda romper la relación de dependencia que le pueda unir a su agresor.

El interno que se decide a denunciar a un funcionario ante el Juzgado de guardia, sabe que ese mismo día puede estar nuevamente bajo la custodia y autoridad del mismo, en otras palabras, bajo su directa dependencia. De ahí el temor a posibles represalias.

Y esa dependencia no se reduce al ámbito de las estrictas competencias de los funcionarios encargados de la custodia. En materia de permisos de salida, clasificación de los internos, y acceso a la libertad condicional, es preceptivo -entre otros- un informe psicológico. Es habitual -digámoslo claramente- que esos informes sean elaborados sin explorar al interno, basándose sobre las impresiones trasmitidas por los funcionarios de los distintos módulos, que mas allá de sus atribuciones, podrán cuando menos condicionar positiva o negativamente el sentido de los informes, con las consecuencias que en un sentido u otro puedan derivarse para el penado.

Mientras la opacidad actúa dificultando sobremanera el esclarecimiento de los hechos, la dependencia actúa disuadiendo al interno de presentar denuncia.

El resultado final de todo ello es la conciencia clara, tanto de los internos como de la mayoría de los operadores jurídicos -y mía desde luego-, de que el sistema de salvaguarda de los derechos de los internos y de su protección frente a los abusos y desviaciones que puedan producirse en relación a malos tratos físicos o psíquicos, y que en último extremo afectan a la dignidad de la persona, es poco menos que una pura ficción jurídica.

Y de ello se derivan consecuencias nefastas no sólo para los internos, sino también para el sistema y para el propio cuerpo de funcionarios. Para el sistema, porque afecta a su legitimidad y a su credibilidad. Y ello es profundamente negativo. Un estado de derecho no se puede permitir espacios posibles de impunidad. Es antes que una cuestión jurídica, una cuestión ética que trasciende el ámbito estrictamente penitenciario para afectar a toda la sociedad en general. También porque se produce la paradoja de que sea el propio sistema quien transmite un mensaje radicalmente contrario al propio fin de la Institución Penitenciaria establecido en el titulo preliminar de la LOGP 1/79: la reeducación y la reinserción social. Efectivamente, si consideramos que en parte la reinserción social consiste en que el penado interiorice el valor de la ley como instrumento de convivencia en el que todos los ciudadanos podemos encontrar amparo, lo que realmente experimenta el penado en su experiencia carcelaria es que la ley es en la praxis una pura ficción que ni se cumple ni le ampara, y que, por tanto, no merece ser ni valorada ni respetada.

Para los funcionarios, porque la conciencia de que gozan de un espacio teórico de impunidad, les somete colectivamente a una injusta e indiscriminada situación permanente de sospecha que no es capaz de acallar ni el archivo de los expedientes disciplinarios ni de las causas penales.

El abordaje de los malos tratos en prisiones inferidos por funcionarios a internos es una cuestión jurídicamente complicada. Ni se puede proveer a los internos de un arma arrojadiza contra los funcionarios, ni se puede otorgar una impunidad de facto a estos. De forma urgente y prioritaria es necesario realizar estudios de campo sobre este fenómeno, adoptar medidas concretas de sensibilización y prevención de la violencia penitenciaria, y, sobre todo, articular protocolos y procedimientos de investigación -tanto judiciales como administrativos- que no sean notoriamente inoperantes y que ofrezcan a todas las partes implicadas las garantías mínimas necesarias para generar confianza en sus resultados.

Antoni Vicens es abogado y miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Baleares.

Fuente: La Haine


Prisión y salud mental: Una intervención urgente.

18/03/2009

Salud Mental

En pleno siglo XXI, la calle sigue siendo el hogar de muchas personas con trastornos y enfermedades mentales, a veces asociados a problemas de drogodependencias. En otras ocasiones, los muros de las cárceles son los que ocultan esta dura realidad. Para ellas no hay respuestas. No suelen encajar en los recursos existentes ni tampoco existen dispositivos específicos para su perfil, marcado por la exclusión social, el deterioro y la falta de oportunidades. Viven un desamparo absoluto, mientras sigue sin cumplirse la legislación establecida al respecto

Según los últimos datos oficiales, a fecha de 21 de diciembre de 2007, un total de 67.261 personas están privadas de libertad en cárceles de todo el Estado, 14.689 de ellas, en prisiones andaluzas.
El perfil de la persona presa sigue estando marcado por la vulnerabilidad social. La mayoría están en prisión por delitos relacionados con la adicción a las drogas (delitos contra la propiedad como pequeños robos y hurtos en su mayoría y delitos contra la salud pública consistentes, sobre todo, en pequeño tráfico de drogas o trapicheo). Entre un 70% y un 80% de la población reclusa tiene o ha tenido problemas de drogas. De este porcentaje, el 82’8% no tiene estudios o sólo primarios, el 32’4% se encontraba en paro antes del ingreso en prisión (tasa que triplica a la de la población general) y en un 35’8% de los casos, sus ingresos proceden de la economía sumergida.

A este panorama de absoluta fragilidad, hay que añadir una situación dramática: la altísima incidencia de graves problemas de salud. La prisión concentra las tasas más altas de enfermedades infecciosas graves como el Sida (entre un 15% y un 18% de las personas presas tienen VIH y el 4’2% ha desarrollado Sida), la Hepatitis (41%) o la Tuberculosis (5%). A lo anterior, hay que añadir la existencia de problemas de salud mental en gran parte de la población reclusa.

La salud en prisión es una asignatura pendiente. Miles de personas presas con enfermedades muy graves no están recibiendo una atención sanitaria adecuada. En su caso, la privación de libertad viene acompañada de la privación del derecho a la salud en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.
Esta situación se debe a múltiples factores. En prisión no hay suficientes recursos sanitarios y además sólo existen equipos de atención primaria. La falta de especialistas para las enfermedades más comunes (infecciosas, psiquiátricas e incluso odontológicas) dentro del medio penitenciario, complica gravemente la situación.

Aunque el Reglamento Penitenciario establece que debe acudir un psiquiatra a los centros penitenciarios, no siempre se cumple o se hace de manera superficial. En cuanto a los psicólogos, que forman parte del personal sanitario fijo del centro, su labor se limita a valorar a cada persona presa de forma previa a su clasificación en uno u otro grado penitenciario o a resolver sobre la concesión de permisos, sin realizar una labor terapéutica individual o grupal. De todas formas, su presencia es insuficiente, pues sólo existe un psicólogo por cada 310 personas presas.

Además, se pierden numerosas citas para operaciones quirúrgicas programadas o consultas con especialistas en el exterior. Según se recoge en la Memoria de la Sección de Vigilancia Penitenciaria de la Fiscalía de Sevilla, durante el año 2006 sólo en la cárcel de Sevilla se cancelaron el 43’63% de las citas sanitarias. Es decir, que se perdió casi una de cada dos citas programadas con personas privadas de libertad.

A esto se añade que el personal sanitario de prisiones depende jerárquicamente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. El 1 de diciembre de 2004 era la fecha límite recogida en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud para integrar la sanidad penitenciaria en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Pero, a fecha de hoy, los médicos de prisiones siguen dependiendo de Instituciones Penitenciarias y no de las autoridades sanitarias.
También hay que tener en cuenta que el hacinamiento desmesurado que existe en las prisiones contribuye a agravar el estado de salud de las personas presas enfermas así como a aumentar las posibilidades de contagio de enfermedades infecciosas. Según señala el sindicato Comisiones Obreras, tras dos años de ralentización, en 2007 el número de personas presas vuelve a crecer a un ritmo alarmante, terminando el año con casi el doble de internos en los centros que hace quince años. El Estado español tiene una ratio de 130 internos por cada 100.000 habitantes, muy por encima de las 90 personas reclusas de los países de la Unión Europea. Y, sin embargo, las cifras de criminalidad en España son ligeramente inferiores a la de esos mismos Estados.

Es incomprensible cómo un espacio con tal incidencia de enfermedades graves cuenta con una asistencia sanitaria tan deficiente.

Salud mental y prisión

La Reforma de la asistencia psiquiátrica iniciada en España en los años ochenta supuso una transformación sustancial del sistema de atención a la salud mental en nuestro país. Entre las medidas emprendidas, se procedió a la integración de la atención a la salud mental en la atención sanitaria general, el aumento de recursos destinados a estas prácticas, la pérdida de hegemonía de la institución manicomial, la formación de equipos interprofesionales, el desarrollo de dispositivos con mayor capacidad para atender los trastornos mentales mal llamados menores o la definición y el desarrollo (aún insuficiente, desde luego) de recursos de rehabilitación, cuidados y apoyo para pacientes graves y crónicos (Fernández Liria & Diéguez Porres, 1998).
Esta reforma, en pocas palabras, determinó un proceso de “desinstitucionalización” de los enfermos que dio lugar al cierre o la reforma de los hospitales psiquiátricos, conocidos como los antiguos “manicomios”. Dicho cambio debería haberse producido al mismo tiempo que se desarrollaban servicios comunitarios -centros de día, consultas ambulatorias, servicios sociales, etc.- para acoger a las personas que salieron de los hospitales, pero no siempre fue así.

Según la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), persiste una notable insuficiencia de recursos humanos y materiales para atender la demanda en materia de salud mental, sobre todo en lo que se refiere a dispositivos comunitarios sanitarios y sociales y a la atención de sectores de la población especialmente vulnerables como las personas mayores, los adolescentes, los inmigrantes y los penados.

Muchas de las personas que permanecían en los hospitales psiquiátricos se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad social, sin recursos ni apoyos externos y sin tener dónde ir. La ausencia de recursos específicos para este perfil ha conseguido que muchas de estas personas se hayan convertido en los nuevos “sin techo”; otras veces, inmersas en el círculo de marginalidad y delincuencia, acaban en las prisiones. Las cárceles están llenas de personas con trastornos y enfermedades mentales, coincidiendo, la mayoría de ellas, en un perfil de exclusión social. La sociedad, en un intento por mejorar la dignidad en el trato a estas personas, ha terminado olvidándose de ellas.

A esta situación hay que añadir que las condiciones de marginalidad social afectan cada vez a más personas. Las formas de vida en condiciones de extrema dureza están en la base de la aparición o el agravamiento de los problemas mentales y a veces de los problemas de delincuencia provocados por el abandono.
Por otro lado, las propias condiciones carcelarias y la forma en la que se desarrolla la privación de libertad están detrás de muchos trastornos y enfermedades mentales que presentan las personas presas. La cárcel despersonaliza, aniquila a la persona, provoca un estado de ausencia permanente que anula todas las posibilidades de control sobre su propia vida y destino. En este ambiente tan hostil, en la vida “subterránea” de la prisión, se desarrollan actitudes que a veces sirven a la persona presa para “sobrevivir”, pero que también afectan a su salud mental.

El resultado es que en las prisiones encontramos una incidencia mucho mayor de problemas mentales que en la población general, en la que ya de por sí está aumentando este tipo de patología.

Según el Estudio sobre la Situación de las Personas con Problemas de Drogodependencias en Prisión, de UNAD, el 25’7% de las personas drogodependientes encuestadas manifiesta tener trastornos psicopatológicos. Por su parte, la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, en octubre de 2007 señaló que el porcentaje de población penitenciaria con enfermedades mentales graves se sitúa entre un 5% y un 6%, afectando a un 40% los trastornos mentales y de personalidad. En muchas de estas personas, concurren problemas de salud mental y problemas de drogas, lo que se conoce como patología dual.

Una atención con lagunas

Como hemos señalado, si hay un rasgo que podemos encontrar con frecuencia en las personas presas con problemas mentales es su situación de exclusión social, marcada por la falta de recursos económicos, de vivienda, de estudios o experiencia laboral, de apoyo familiar, etc.

El primer problema que puede ocurrir es que la persona ingrese en prisión sin estar diagnosticada y sin que en su sentencia se tenga en cuenta su enfermedad como circunstancia eximente o modificativa de la responsabilidad criminal (atenuante) ni como presupuesto para aplicar una medida de seguimiento consistente en aplicar tratamiento terapéutico. A veces, la persona es diagnosticada en prisión, pero en muchas otras ocasiones, su enfermedad sigue siendo invisible.

De todas formas, aun en el caso de reconocerse la enfermedad mental, hoy por hoy, siguen sin recibir una atención adecuada. En prisión no existen programas específicos para las personas con problemas mentales ni especialistas que les realicen un seguimiento adecuado. La situación no se soluciona cuando la persona sale de prisión, ya que en la calle tampoco existen recursos suficientes y, sobre todo, en ellos no tienen cabida las personas con enfermedad mental que se encuentran en condiciones más deterioradas, una situación verdaderamente crítica en el caso de las personas con patología dual. A esto se suma la necesidad de mejorar notablemente la coordinación entre los servicios médicos de las prisiones y los servicios de salud mental del Servicio Andaluz de Salud. El resultado es que muchas de estas personas al salir de prisión no contactan con los equipos de salud mental y no reciben tratamiento alguno, porque tampoco hay nadie que se ocupe de ellas.

Cumplir la Ley

A excepción de Cataluña, en el resto del territorio español, las Comunidades Autónomas no tienen las competencias en materia penitenciaria, que están en manos del Estado. Sin embargo, sí que existen acuerdos para coordinar la intervención de las Administraciones implicadas en este terreno.
El 23 de marzo de 1992, la Junta de Andalucía y la Administración central suscribieron el Convenio Marco de Colaboración en materia penitenciaria, con el objetivo de conseguir los fines que la Constitución Española y las leyes vigentes establecen para las penas de privación de libertad, es decir, la reeducación y la reinserción social de las personas presas. Una de las áreas recogidas en este Convenio es la de atención sanitaria, con medidas encaminadas a prevenir la enfermedad y a mejorar la salud.

Para la atención primaria, el Convenio establece el desarrollo de programas de educación para la salud, campañas de medicina preventiva y de vigilancia epidemiológica. En concreto, la Consejería de Salud asume el compromiso de incluir a los centros penitenciarios en los programas y campañas de medicina preventiva existentes en la Comunidad Autónoma, considerando a las personas privadas de libertad como una población de alto riesgo y de atención preferente.

Respecto a la atención especializada, se contempla la atención ambulatoria en los centros penitenciarios y la atención hospitalaria en centros dependientes del Servicio Andaluz de Salud. De esta forma, el Servicio Andaluz de Salud debe ofertar a sus médicos especialistas la posibilidad de pasar consulta en el interior de las prisiones, de acuerdo a las necesidades estimadas por los servicios sanitarios.

Asimismo, este documento pone especial énfasis en la especial atención a los problemas de salud mental y en la necesidad de formación continuada del personal sanitario penitenciario en instituciones del Servicio Andaluz de Salud.

Otras cuestiones recogidas en este Convenio Marco son la creación de zonas de seguridad en los hospitales del Servicio Andaluz de Salud para el ingreso de pacientes procedentes de las prisiones, así como la inclusión en los programas de formación del SAS de médicos y demás personal sanitario dependiente de Instituciones Penitenciarias.

Desde entonces, se han firmado nuevos Convenios para ejecutar dicho Acuerdo. El 17 de noviembre de 2005 se suscribió el Convenio en materia de Asistencia Sanitaria entre la Consejería de Salud y la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios del entonces Ministerio de Justicia e Interior, desarrollando las previsiones establecidas en el Convenio Marco de 1992.

Por este Convenio, la Consejería de Salud se comprometía a establecer un Hospital de referencia para los centros penitenciarios con el fin de atender las necesidades de desplazamiento de los especialistas a las prisiones, eso sí, de nuevo, de acuerdo a las posibilidades y voluntariedad de sus facultativos.

También se comprometía a gestionar las consultas de especialidades en los Hospitales de referencia procedentes de los centros penitenciarios y a realizar protocolos conjuntos sobre los tipos de patologías, los criterios de derivación de pacientes desde las prisiones a las consultas de los Hospitales de referencia, así como los criterios de desplazamiento de los facultativos especialistas a la cárcel.

Instituciones y organismos públicos se han pronunciado en demanda del cumplimiento de estos Acuerdos. Tal es el caso del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla que, en reiteradas ocasiones, en particular, ante el elevado número de citas perdidas con especialistas de hospitales, ha emitido autos instando a la Junta de Andalucía y a Instituciones Penitenciarias a la aplicación del Convenio Marco de Colaboración en materia penitenciaria de 23 de marzo de 1992, y a la Dirección del Centro Penitenciario de Sevilla II a cumplir con su competencia como responsable de velar por la vida, integridad y salud de los internos. Este asunto ha suscitado también la preocupación del Defensor del Pueblo Andaluz, reflejado en varios de sus informes, con requerimientos a todos los organismos implicados en la resolución del problema.

Aunque se ha avanzado en muchos aspectos de los señalados, sigue siendo una asignatura pendiente el desplazamiento al propio centro penitenciario de los especialistas, incumplimiento que deja desamparadas a numerosas personas presas, entre ellas, las que presentan problemas de salud mental.

Un compromiso pendiente

El 29 de mayo de 2006, el Ministerio de Interior y la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía suscribieron el Acuerdo Sectorial en materia de Servicios Sociales para las personas con discapacidad internas en establecimientos penitenciarios de Andalucía, incluyéndose tanto aquellas con discapacidad psíquica como las que presentan enfermedad mental.

Con este Acuerdo se pretendía atajar la realidad de que las cárceles están llenas de personas con trastornos y enfermedades graves, atendidas de forma deficiente y muchas de ellas ni siquiera diagnosticadas.
Entre otras medidas, se aprobó estudiar, a través de la Fundación Andaluza de Ayuda al Enfermo Mental (FAISEM) y las direcciones de los centros penitenciarios, la situación actual de los programas de atención a necesidades de salud mental de la población reclusa y qué actuaciones harían falta poner en marcha para mejorar estos programas. También se comprometieron ambas Administraciones a investigar las necesidades de la población reclusa con enfermedad mental y las alternativas de atención que existen. Y, finalmente, a analizar la situación de cada persona y, en su caso, preparar, junto con la Administración Penitenciaria, los Juzgados, el Ministerio Fiscal y los Servicios Sanitarios, su salida del centro penitenciario.

Por el momento, en febrero de 2007 se creó la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Acuerdo y también se están desarrollando las Comisiones provinciales, además de la elaboración del protocolo a aplicar en las prisiones para realizar el análisis individual de cada caso.

Sin embargo, la gravedad de la situación exige una intervención más decidida y cumplir todas las medidas recogidas en los sucesivos acuerdos. No podemos permitir que personas gravemente enfermas estén desprotegidas desde el punto de vista de su salud.

Propuestas para avanzar

Hacen falta recursos para las personas con problemas de salud mental en condiciones de exclusión social. Para aquellas que viven con escasos recursos o incluso en la calle sin nada y para aquellas otras que permanecen encerradas en las prisiones sin recibir una atención adecuada y que deberían estar en centros donde pudiera tratarse su enfermedad. La inversión en dispositivos terapéuticos, sanitarios y sociales específicos para los perfiles que actualmente no encuentran respuesta en los recursos existentes es una prioridad absoluta. En este apartado, mención especial merecen las personas que presentan problemas de drogodependencias y de salud mental.

Por otro lado, mientras la persona permanezca en prisión, es una obligación de las autoridades que reciba una asistencia sanitaria en condiciones de igualdad que el resto de personas no privadas de libertad. Una de las cuestiones en la actualidad abandonada y que debe repararse de inmediato es el desplazamiento de los profesionales sanitarios hasta las prisiones para ofrecer a estas personas la asistencia psiquiátrica y psicológica que necesitan.

En definitiva, deberíamos empezar por hacer efectiva toda la legislación que protege el Derecho a la Salud de las personas presas, empezando por la propia Constitución Española. No son medidas utópicas y su incumplimiento implica la vulneración de Derechos fundamentales como es el de la Salud.

Cada vez que no se cumpla una medida de protección de la salud recogida en la Ley, cada vez que una persona enferma no sea atendida cuando lo necesite, cada vez que se permita que las condiciones en las que una persona cumpla su condena le provoquen la aparición o empeoramiento de patologías, se estará caminando hacia una sociedad injusta y deshumanizada. Avanzar en sentido contrario, aplicar medidas de derecho, en cambio, permitirá acabar con las situaciones de discriminación que afectan a tantas personas.

Fuente: Fundación Enlace