Manual de Recursos de la OMS sobre Salud Mental: Personas con enfermedades mentales en conflicto con la ley: cuestiones fundamentales

10/05/2010

Resumen:
El sistema de justicia penal debe preferir, cuando sea posible, el tratamiento al encarcelamiento de las
personas con trastornos mentales en conflicto con la ley penal. La estructura del sistema de justicia
criminal debe permitir la derivación de las personas con trastornos mentales a programas de tratamiento
en todas las etapas del procedimiento penal.
1. Iniciación de la acción penal – Los fiscales deben considerar los siguientes factores al momento de
decidir si inician acciones penales contra una persona con trastornos mentales: la gravedad del delito; la
historia psiquiátrica de la persona; el estado mental al momento del hecho delictivo, y el estado mental
actual; la posibilidad de empeoramiento de la salud de la persona; y el interés de la comunidad en la
persecución penal.
2. Etapa del juicio:
a) Capacidad para enfrentar el juicio – Para que alguien esté en condiciones de enfrentar un juicio,
la ley requiere que se evalúa si el acusado puede entender el procedimiento legal y las consecuencias
de este procedimiento, y comunicarse efectivamente con su asesor legal. Si se considera que no está
en condiciones de enfrentar el juicio, los cargos pueden desestimarse o suspenderse, hasta que la
persona reciba tratamiento. Las personas internadas en instituciones de salud mental mientras
pende el juicio deben tener los mismos derechos que todas las demás personas sujetas a internación
involuntaria, incluyendo el derecho a la revisión judicial por un órgano de revisión independiente.
b) Declaración de inimputabilidad penal – Cuando se determina que, al momento del hecho
delictivo, la persona con trastornos mentales no era responsable de sus actos, es preferible
someterla a tratamiento que a encarcelamiento. La mayoría de los tribunales permiten alegar la
inimputabilidad por razones de salud mental, si el razonamiento, la comprensión o el autocontrol de
la persona estaban afectadas al momento del hecho delictivo. La persona declarada penalmente
inimputable puede ser puesta en libertad una vez que su trastorno mental experimente mejoría.
3. Etapa de determinación de la pena:
a) Sentencias de ejecución condicional – Las personas con trastornos mentales pueden recibir
tratamiento a través de sentencias no privativas de libertad, o de órdenes de tratamiento
comunitario, que permiten llevar a cabo el tratamiento en la comunidad con sujeción a ciertas
condiciones. Si una persona no cumple con las condiciones estipuladas, puede ser conducida
nuevamente a la institución para completar su tratamiento.
b) Órdenes de internación – También puede proporcionarse tratamiento a través de una orden de
internación (por ejemplo, una sentencia privativa de libertad que ordene su cumplimiento en una
institución de salud mental). La persona sujeta a una orden de internación no puede ser detenida
para recibir tratamiento por un período mayor al de la condena que le hubiera correspondido, salvo
que se cumpla con el procedimiento para el ingreso involuntario. Las personas sometidas a órdenes
de internación tienen derecho a la revisión periódica de su detención por un órgano de revisión
independiente.
4. Etapa de ejecución de la pena:
a) Transferencia de internos – Si una persona desarrolla un trastorno mental después de su
encarcelamiento, puede ser transferida a la unidad hospitalaria de la prisión o a otra institución de
salud mental de seguridad para recibir tratamiento de salud mental. Los internos transferidos de este
modo tienen los mismos derechos que los demás pacientes involuntarios, como el derecho a
consentir el tratamiento, a la confidencialidad y a ser protegidos del trato inhumano o degradante.
Los internos también tienen derecho a obtener la libertad condicional. Un interno no puede ser
detenido para recibir tratamiento por un período más extenso que el de la sentencia, salvo que se
cumpla con el procedimiento de ingreso involuntario.
Instituciones e instalaciones para personas con trastornos mentales en conflicto con la ley penal
Puede ser necesario establecer disposiciones que prevean la existencia de instituciones de salud mental de
seguridad. La legislación puede establecer los criterios relativos a los niveles de seguridad que requieren
los pacientes; estos niveles deben ser revisados regularmente. Ningún paciente debe permanecer en un
hospital con un nivel de seguridad mayor al necesario.

Ver Manual de Recursos de la OMS sobre Salud Mental, paǵinas 84-90


Urgente creación de los Centros de Educación Especial para el cumplimiento de Medidas de Seguridad

05/04/2009

CRITERIOS DE ACTUACION, CONCLUSIONES Y ACUERDOS APROBADOS POR LOS JUECES DE VIGILANCIA PENITENCIARIA EN SUS XVI REUNIONES CELEBRADAS ENTRE 1981 Y 2007

Se insta a las Administraciones penitenciarias a que procedan a la urgente creación de los centros de educación especial, pues su inexistencia actual representa una grave carencia del sistema general penitenciario, que repercute negativamente en el tratamiento de reclusos con deficiencias psíquicas y alteraciones en la percepción que les distorsiona gravemente su conciencia de la realidad. (Aprobado por unanimidad).

MOTIVACIÓN: La creación de estos Centros constituye un imperativo para las instituciones penitenciarias, conforme a sus fines definidos en el artículo 1 de la LOGP; como tales establecimientos, aparecieron además previstos en el artículo 11 c) de la misma LOGP, que los contemplaba como una de las modalidades de los Centros especiales, bajo la denominación de Centros de rehabilitación social. El Código penal ha revisto su existencia bajo la denominación de Centros de educación especial – artículos. 101, 103 y 104-, estableciendo que en los mismos se cumplirán las medidas de seguridad de internamiento de sentenciados a los que se apreció eximente o semieximente por causa de su deficiencia psíquica o déficits de percepción sensorial de la realidad. Actualmente, próximos a los veinticinco años desde la entrada en vigor de la LOGP, y tras siete años de la entrada en vigor del Código penal, siguen sin existir.
Su creación constituye no sólo un imperativo para poder dar cumplimiento a las medidas de seguridad que pudieran imponerse por Jueces y Tribunales sentenciadores, de conformidad con lo dispuesto en los artículos. 101, 103 y 104
del mismo Código, sino también para el tratamiento de penados que adolezcan de tales deficiencias, y a quienes no se les hubiera apreciado circunstancias modificativas de su responsabilidad criminal. Es cierto que el artículo 182.3 del Reglamento Penitenciario ha previsto el desarrollo de convenios de las Administraciones con instituciones públicas y privadas para el cumplimiento de medidas de seguridad, pero ello no exime a las Instituciones Penitenciarias de su deber de retención y custodia, que requeriría en todo caso una aprobación judicial; y por otra parte el citado artículo 182.3 del Reglamento no extiende su cobertura a penados que pudieran adolecer de estas deficiencias psíquicas y sensoriales.