Manual de Recursos de la OMS sobre Salud Mental: Personas con enfermedades mentales en conflicto con la ley: cuestiones fundamentales

10/05/2010

Resumen:
El sistema de justicia penal debe preferir, cuando sea posible, el tratamiento al encarcelamiento de las
personas con trastornos mentales en conflicto con la ley penal. La estructura del sistema de justicia
criminal debe permitir la derivación de las personas con trastornos mentales a programas de tratamiento
en todas las etapas del procedimiento penal.
1. Iniciación de la acción penal – Los fiscales deben considerar los siguientes factores al momento de
decidir si inician acciones penales contra una persona con trastornos mentales: la gravedad del delito; la
historia psiquiátrica de la persona; el estado mental al momento del hecho delictivo, y el estado mental
actual; la posibilidad de empeoramiento de la salud de la persona; y el interés de la comunidad en la
persecución penal.
2. Etapa del juicio:
a) Capacidad para enfrentar el juicio – Para que alguien esté en condiciones de enfrentar un juicio,
la ley requiere que se evalúa si el acusado puede entender el procedimiento legal y las consecuencias
de este procedimiento, y comunicarse efectivamente con su asesor legal. Si se considera que no está
en condiciones de enfrentar el juicio, los cargos pueden desestimarse o suspenderse, hasta que la
persona reciba tratamiento. Las personas internadas en instituciones de salud mental mientras
pende el juicio deben tener los mismos derechos que todas las demás personas sujetas a internación
involuntaria, incluyendo el derecho a la revisión judicial por un órgano de revisión independiente.
b) Declaración de inimputabilidad penal – Cuando se determina que, al momento del hecho
delictivo, la persona con trastornos mentales no era responsable de sus actos, es preferible
someterla a tratamiento que a encarcelamiento. La mayoría de los tribunales permiten alegar la
inimputabilidad por razones de salud mental, si el razonamiento, la comprensión o el autocontrol de
la persona estaban afectadas al momento del hecho delictivo. La persona declarada penalmente
inimputable puede ser puesta en libertad una vez que su trastorno mental experimente mejoría.
3. Etapa de determinación de la pena:
a) Sentencias de ejecución condicional – Las personas con trastornos mentales pueden recibir
tratamiento a través de sentencias no privativas de libertad, o de órdenes de tratamiento
comunitario, que permiten llevar a cabo el tratamiento en la comunidad con sujeción a ciertas
condiciones. Si una persona no cumple con las condiciones estipuladas, puede ser conducida
nuevamente a la institución para completar su tratamiento.
b) Órdenes de internación – También puede proporcionarse tratamiento a través de una orden de
internación (por ejemplo, una sentencia privativa de libertad que ordene su cumplimiento en una
institución de salud mental). La persona sujeta a una orden de internación no puede ser detenida
para recibir tratamiento por un período mayor al de la condena que le hubiera correspondido, salvo
que se cumpla con el procedimiento para el ingreso involuntario. Las personas sometidas a órdenes
de internación tienen derecho a la revisión periódica de su detención por un órgano de revisión
independiente.
4. Etapa de ejecución de la pena:
a) Transferencia de internos – Si una persona desarrolla un trastorno mental después de su
encarcelamiento, puede ser transferida a la unidad hospitalaria de la prisión o a otra institución de
salud mental de seguridad para recibir tratamiento de salud mental. Los internos transferidos de este
modo tienen los mismos derechos que los demás pacientes involuntarios, como el derecho a
consentir el tratamiento, a la confidencialidad y a ser protegidos del trato inhumano o degradante.
Los internos también tienen derecho a obtener la libertad condicional. Un interno no puede ser
detenido para recibir tratamiento por un período más extenso que el de la sentencia, salvo que se
cumpla con el procedimiento de ingreso involuntario.
Instituciones e instalaciones para personas con trastornos mentales en conflicto con la ley penal
Puede ser necesario establecer disposiciones que prevean la existencia de instituciones de salud mental de
seguridad. La legislación puede establecer los criterios relativos a los niveles de seguridad que requieren
los pacientes; estos niveles deben ser revisados regularmente. Ningún paciente debe permanecer en un
hospital con un nivel de seguridad mayor al necesario.

Ver Manual de Recursos de la OMS sobre Salud Mental, paǵinas 84-90

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Breve estudio sobre la Libertad Condicional: teoría y práctica

25/05/2009

De: Óscar Daniel Ludeña Benítez
Fecha: Febrero 2002
Origen: Noticias Jurídicas

Incluye Concepto, Requisitos, Procedimiento para su obtención y seguimiento durante la misma.


Libertad condicional de extranjeros no residentes legalmente en España

05/04/2009

CRITERIOS DE ACTUACION, CONCLUSIONES Y ACUERDOS APROBADOS POR LOS JUECES DE VIGILANCIA PENITENCIARIA EN SUS XVI REUNIONES CELEBRADAS ENTRE 1981 Y 2007

El ámbito de operatividad de la medida de expulsión del territorio nacional del
extranjero no residente legalmente en España –artículo 93,6,5o del Código penal-, cuando el Juez de Vigilancia Penitenciaria acuerde su libertad condicional, deberá quedar restringida a aquellos que quedan excluidos, a tenor del artículo 89 del Código penal – redactado conforme a la L.O. 11/2003-, de la posibilidad de expulsión en esta última fase de la condena, es decir, a los condenados a penas de prisión hasta seis años sobre quienes en sentencia no se haya acordado la sustitución antes de dar inicio al cumplimiento por apreciar el órgano sentenciador “que la naturaleza del delito justifica el cumplimiento de la condena en un centro penitenciario en España”. Además resulta necesario que el Juez de Vigilancia acuerde en este caso la audiencia del condenado para acordar, no sólo la procedencia de la expulsión, sino incluso del adelantamiento (Aprobado por mayoría en la reunión de 2004).


Publicidad de las normas de régimen interior

05/04/2009

CRITERIOS DE ACTUACION, CONCLUSIONES Y ACUERDOS APROBADOS POR LOS JUECES DE VIGILANCIA PENITENCIARIA EN SUS XVI REUNIONES CELEBRADAS ENTRE 1981 Y 2007
Las normas de régimen interior de cada Centro deben tener publicidad suficiente entre los internos. (Aprobado por unanimidad).


Tratamiento psiquiátrico de los internos. Criterios: servicios comunitarios

05/04/2009

CRITERIOS DE ACTUACION, CONCLUSIONES Y ACUERDOS APROBADOS POR LOS JUECES DE VIGILANCIA PENITENCIARIA EN SUS XVI REUNIONES CELEBRADAS ENTRE 1981 Y 2007

En todo caso, los declarados exentos de responsabilidad o con responsabilidad atenuada deberán ser internados en hospitales o establecimientos dependientes de los servicios de salud comunitarios y nunca en establecimientos penitenciarios, sin perjuicio  de lo indicado en el párrafo anterior. (Criterio 28 de 1994, simplificado, aprobado por mayoría).
MOTIVACIÓN: Atendiendo nuevamente al criterio de equiparación entre los condenados y no condenados a privación de libertad, se entiende que el tratamiento psiquiátrico de quienes están cumpliendo medida de seguridad debe llevarse a cabo en todo caso en Establecimientos comunitarios y no penitenciarios, por la mayor aptitud de aquéllos para desarrollar un tratamiento resocializador. Respecto de los penados, el criterio es más flexible, aunque se sigue dando preferencia a los servicios comunitarios y se desea que el internamiento en Establecimientos penitenciarios se reduzca en la mayor medida posible.


Consumo de drogas por los internos: casos en los que no debe dar lugar a sanción disciplinaria o a pérdida de beneficios penitenciarios.

05/04/2009

CRITERIOS DE ACTUACION, CONCLUSIONES Y ACUERDOS APROBADOS POR LOS JUECES DE VIGILANCIA PENITENCIARIA EN SUS XVI REUNIONES CELEBRADAS ENTRE 1981 Y 2007
Reconociendo la importancia de los programas de reducción de daño con relación a los drogadictos puestos en marcha por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para la protección del derecho a la vida de los internos, se recomienda vivamente la modificación del vigente artículo 109. i) del Reglamento Penitenciario de 1981, en el sentido de añadir a la expresión final “salvo prescripción facultativa” lo siguiente: “o integración del interno en alguno de los programas de tratamiento o deshabituación de drogadictos”. Asimismo, se entiende que el consumo de drogas no deberá considerarse necesariamente como un factor de riesgo que impida el disfrute de beneficios penitenciarios, sin tener en cuenta las circunstancias personales del interno.
(Aprobado por mayoría).
MOTIVACIÓN: Dentro de la orientación general de equiparación en la mayor medida posible de los internos y de quienes no están privados de libertad, se entiende que, si en la vida libre el consumo de drogas no está acompañado de castigo y la experiencia indica que hay personas que consumen droga y desarrollan una vida profesional o actividades artísticas dentro de la más absoluta normalidad, los mismos criterios deben regir en el ámbito penitenciario. En consecuencia, la tenencia o el consumo de drogas no deben constituir sin más una infracción disciplinaria, especialmente si el interesado participa en alguno de los programas indicados, ni constituir tampoco por sí un factor de riesgo que impida el disfrute
de los beneficios penitenciarios (entendidos en el sentido más lato del término), aunque en los casos concretos pueda haber circunstancias personales añadidas que sí determinen la existencia de un factor de riesgo que deberá ser tenido motivadamente en cuenta antes de
tomar una decisión sobre los indicados beneficios.


Concesión de permisos por vía de queja al JVP

05/04/2009

CRITERIOS DE ACTUACION, CONCLUSIONES Y ACUERDOS APROBADOS POR LOS JUECES DE VIGILANCIA PENITENCIARIA EN SUS XVI REUNIONES CELEBRADAS ENTRE 1981 Y 2007
En el supuesto de denegación de un permiso por las Administraciones penitenciarias concurriendo todos los requisitos exigidos por la Ley y el Reglamento Penitenciarios, los Jueces de Vigilancia Penitenciaria podrán dejar sin efecto tal acuerdo y autorizar el permiso correspondiente por vía de resolución de la queja que presente el interno interesado, conforme al artículo 72.2 g) de la Ley Orgánica General Penitenciaria. (Aprobado por unanimidad).