Mesa redonda: ALTERNATIVAS COMUNITARIAS AL PSIQUIÁTRICO PENITENCIARIO

07/06/2010

Día 14 de junio de 2010, a las 19 h,

Seu Universitària, Av. Ramón y Cajal, 4, Alicante.

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Ponencias de las “Jornadas sobre personas con enfermedad mental en régimen penitenciario”

13/10/2009

Descargar las ponencias y conclusiones en Documentos de FEAFES

Recopilación de las ponencias de las jornadas que la Asociación de Familiares y Amigos de los Pacientes Ingresados en el Hopital Psiquiátrico Penintenciario de Alicante (AFAPI-HPPA) organizó en el Caixa Forum (Madrid).

El 8 de junio se presentaron las siguientes ponencias:

– “La situación de las personas con enfermedad mental en prisión: aspectos legales”. Ángel Luís Ortiz González. ; Lourdes Chasco Piérola.

– “Derechos humanos de las personas con enfemedad mental en prisión”. Jesús Cáceres García.

– “Representantes de las asociaciones de salud mental”. Karina Rocha Currás ; Adrián López Sanz.

Ponencias del 9 de junio:

– “La experiencia de Navarra en medidas alternativas”. Amador Ruiz Sanz.

– “Situación de las personas con enfermedad mental inimputables en el sistema penitenciario”. Sergio Ruiz Arias ; Francesc Pérez Arnau.


Dos expertos debaten sobre el difícil equilibrio entre la sed de justicia de las víctimas y la reinserción

06/04/2009

05/03/2009

KARIM ASRY – San Sebastián

Las víctimas no suelen encontrar respuestas que mitiguen su dolor en las asépticas sentencias que condenan a sus verdugos. Esas preguntas que quedan sin responder -¿cómo pudo hacerme esto?, ¿para qué sirvió tanto dolor?- son las que a menudo les impiden rehacer sus vidas. “Hay una falta de interés estructural en el sistema penal vigente por la víctima y su dolor”, resume el criminólogo belga Tony Peters (Munsterbilzen, 1941), catedrático de la Universidad Católica de Lovaina. Peters recibió ayer junto al francés Reynald Ottenhof (Nantes, 1939), especialista en Derecho Penal y catedrático de la Universidad de Nantes, un doctorado honoris causa de la Universidad del País Vasco (UPV).

Desde que llegué a España no paran de preguntarme por la pena de cadena perpetua”, explica sorprendido Ottenhof, quien explica que el debate sobre su conveniencia suele reabrirse a raíz de sucesos emotivos como el asesinato de Marta del Castillo. “Tal vez se puede hablar de la necesidad de tener una cadena perpetua simbólica para algunos casos, pero está claro que es contraproducente. Implica violencia, suicidios y agresiones al personal de prisiones”, recalca.

Con todo, reconoce que es difícil para la Justicia hallar el equilibrio adecuado entre la justa reparación y las necesidades de la sociedad sin caer en la tentación de legislar cada vez que la opinión pública se indigna ante una injusticia potenciada por los medios de comunicación. “¿Por qué hay una tendencia clara a endurecer los códigos penales? Porque es muy benéfico para la clase política, que encuentra allí un botín emocional que les viene muy bien para garantizar su reelección”, responde Ottenhof, también vicepresidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal.

Después de dedicar la primera parte de su vida académica al estudio de las prisiones, Peters, presidente de la Sociedad Internacional de Criminología, se volcó en la victimología. La justicia, afirma, extrae de ellas sólo la información necesaria para mantener su orden de las cosas, sin interesarse por su sufrimiento. ¿Qué hacer entonces? Peters propone algo llamado la mediación reparadora, que consiste en abrir un diálogo entre verdugo y víctima que permita tres cosas: formular los hechos construyendo un relato alternativo al mero atestado policial, en el que la víctima puede plantear todas las preguntas que le torturan; que el delincuente reconozca el daño ocasionado, y, por último, encontrar una solución entre ambos para salir adelante: “En más del 50% de los casos del primer intento lograban llegar a un acuerdo, que después se remitía al juez para que lo incluyese en la sentencia”. Las partes, añade, pueden hasta encontrar una fórmula para no tener que verse nunca más. El método ya tiene rango de ley en Bélgica.

Fuente: El País