Familiares de internos piden cerrar el módulo de mujeres del Psiquiátrico de Fontcalent a la juez

13/07/2009

El juzgado pedirá informes al centro para estudiar la denuncia de que la masificación y el desorden atentan a los derechos de las internas

S. ESCRIBANO Una situación límite. La Asociación de Familiares y Amigos de internos del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent ha pedido a la juez que decrete el cierre el módulo de mujeres de este centro al considerar que la masificación y la desorganización atentan contra el derecho a la dignidad, a la integridad y a la igualdad de las enfermas. Alegan que no se las separa según las diferentes patologías, su gravedad o si ya han sido juzgadas o no, como ocurre con los varones. La magistrada de Vigilancia Penitenciaria de Alicante, Montserrat Navarro, ya estudia la solicitud y pedirá al centro informes al respecto.

No obstante, esta medida parece complicada, pues “por el momento no existe posibilidad de reubicarlas”, reconoce la juez. Y es que de los dos psiquiátricos penitenciarios que hay en España (el de Fontcalent y otro en Sevilla) sólo el de Alicante alberga a mujeres. En la actualidad, según el escrito remitido por la asociación al juzgado, existen 38 internas de diferentes comunidades, edades y con muy diversas enfermedades.

La masificación es un 30% superior a la de marzo, cuando el Defensor del Pueblo visitó las instalaciones, por lo que los familiares consideran que la situación “ha empeorado”. Desde la asociación recuerdan que en el informe de esta institución se señalaba que “el módulo de mujeres alojaba a 29 enfermas, sin ningún criterio ni posibilidad de separación, de forma que conviven personas de muy heterogéneo grupo de patologías mentales”, como esquizofrenia, psicosis por consumo de drogas, trastornos mentales orgánicos, bipolares o discapacidades intelectuales. Los familiares inciden en que esta limitación dificulta la posibilidad de darles el tratamiento adecuado y en que en estas dependencias “prima la sensación de desorden”.
En el centro hay mujeres de todas las edades, incluso de 70 y 78 años, según reflejan los familiares, quienes inciden en que algunas llevan casi 20 años allí “juntas y revueltas”. De las 38 internas, 5 se encuentran pendientes de que se celebre el juicio, 7 han sido condenadas, 25 absueltas y hay otra a la que se sustituyó la prisión al detectarse la enfermedad mental. Un cajón desastre en el que conviven internas de todas las partes del país y en el que sólo hay tres de la Comunidad Valenciana (dos de Alicante) y el resto pertenecen a otras autonomías como Andalucía (13) o Castilla La Mancha (3), entre otras.

La asociación considera se “vulnera” el derecho a la igualdad de las internas, pues recuerdan que los varones están clasificados en tres módulos de acuerdo con su situación médica, jurídica y penitenciaria y que además pueden ser trasladados al centro de Sevilla. Además, creen que la masificación atenta a su dignidad y que toda esta situación vulnera su derecho a un tratamiento adecuado que no les perjudique.
En el escrito, resaltan que esta situación “perjudica a la salud de las personas por la carencia de espacio, pequeño, limitado y desorganizado”. Es por ello que la medida de seguridad impuesta a las mujeres se convierte, según los familiares, en un “castigo”.

Fuente: Información


Enrique Múgica exige mejoras en el psiquiátrico de Fontcalent

08/06/2009

24-04-2009
El Defensor del Pueblo señala que los centros de recintos penitenciarios de Alicante y Sevilla “son los grandes olvidados y están igual que hace 20 años”

REDACCIÓN El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha pedido a las administraciones que mejoren las condiciones de los hospitales psiquiátricos penitenciarios y se refuercen los servicios que prestan a los internos aquejados de enfermedades mentales más graves. La petición es consecuencia de las recientes visitas que la oficina del Defensor del Pueblo ha realizado a los dos únicos centros de este tipo que existen en España, situados en Alicante y Sevilla, que dependen de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
En declaraciones a Efe, fuentes de la oficina del Defensor del Pueblo han señalado que la renovación de las infraestructuras en los centros penitenciarios ordinarios no ha supuesto una mejora en los hospitales psiquiátricos penitenciarios.

Aunque en los últimos años se ha invertido y mejorado las prisiones, “estos centros son los grandes olvidados, están como podían estar hacer 20 años”, ha detallado uno de los responsables del informe, que ha visitado los centros a principios de marzo.

Así, ha explicado que los más de 400 internos del psiquiátrico de Alicante y los cerca de 200 internados en el centro de Sevilla -en su mayoría esquizofrénicos- están atendidos “con esfuerzo y dedicación” por personal de la administración y de ONG que “no basta para atender sus necesidades”.

La condiciones de vida de los reclusos en estos centros “no son equiparables a las del resto de los presidiarios del sistema penitenciario español”, ha subrayado el autor del informe.

Además de un refuerzo de las plantillas de estos centros, el Defensor del Pueblo ha destacado la necesidad de disponer de mayores recursos terapéutico-asistenciales en el momento de la puesta en libertad de los internos, para ayudarles en la necesaria integración social.

El estudio ya ha sido remitido a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, responsable de todas las cárceles españolas salvo las de Cataluña.

La visita en marzo de una delegación del Defensor del Pueblo fue posible gracias a la carta remitida a esta institución por la Plataforma en Defensa de los Servicios de Salud Mental tras las deficiencias detectadas por el juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Alicante, que reclamó medidas contra la inseguridad del centro, ya que este año se han registrado tres incidentes: la agresión a una enfermera, la muerte de un interno al causar un incendio y el intento de suicidio de otro.

Fuente: Información


El Gobierno recurre las ayudas de Ibarretxe a los familiares de presos vascos

06/04/2009

El Gobierno Vasco lleva convocando este tipo de ayudas desde el año 2006, con la oposición de PSE y PP

EFE – Madrid –
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el de Justicia, Francisco Caamaño, han acordado hoy que la Abogacía del Estado recurra ante los tribunales las ayudas que el Gobierno vasco aprobó para sufragar los viajes a las cárceles de familiares de presos de ETA.

Así lo han señalado fuentes del Ejecutivo, que han precisado que la Abogacía del Estado recurrirá estas ayudas ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

El Gobierno Vasco lleva convocando este tipo de ayudas desde el año 2006, con la oposición de PSE y PP, pero hasta ahora el Departamento de Justicia, que es el que dicta la orden, no había convocado las subvenciones en el primer trimestre como ha hecho este año, con el argumento de que la orden de ayudas “no ha cambiado” con respecto a la de otros ejercicios.

El Boletín Oficial del País Vasco publicó el pasado día 24 la convocatoria de ayudas para sufragar los viajes de los familiares de presos hasta las cárceles, 23 días después de las elecciones autonómicas del 1 de marzo.
“Oportunismo político”

El consejero vasco de Justicia en funciones, Joseba Azkarraga (EA), ha calificado hoy de “oportunismo político” la decisión del Gobierno de recurrir las ayudas y ha recordado que estas subvenciones también van dirigidas a los parientes de internos comunes.

El consejero Azkarraga ha recordado que el Gobierno Vasco lleva varios años convocando estas ayudas, por lo que se ha preguntado por qué se recurre ahora este asunto y no se ha hecho anteriormente, cuando también estaban en vigor las ayudas.

Además, el consejero ha subrayado que el PSE dio su apoyo a los presupuestos vascos de este año, en los que se recoge dicha partida para sufragar los viajes de los familiares.
¿Por qué se recurre ahora este asunto y no se ha hecho anteriormente?, pregunta el Gobierno vasco en funciones

Al respecto, el titular de Justicia ha señalado que en las últimas semanas su Departamento ha recibido “bastantes llamadas” de familiares de presos comunes con “verdaderos problemas económicos” que se han interesado por el futuro de la convocatoria de ayudas.

Por último, Azkarraga ha dicho que este asunto es “una bandera simbólica del Partido Socialista que no pretende hacer más que ruido” y ha enmarcado la decisión de recurrir dichas ayudas en una campaña de “acoso y derribo” hacia el Gobierno Vasco en funciones.


Creación de Unidades Psiquiátricas en los Centros Penitenciarios

05/04/2009

CRITERIOS DE ACTUACION, CONCLUSIONES Y ACUERDOS APROBADOS POR LOS JUECES DE VIGILANCIA PENITENCIARIA EN SUS XVI REUNIONES CELEBRADAS ENTRE 1981 Y 2007
Se insta a las Administraciones penitenciarias a que procedan a la creación de unidades psiquiátricas en los centros penitenciarios que se reputen necesarios para atender la demanda de atención especializada de sus respectivas áreas territoriales, en cumplimiento del imperativo de velar por la salud de los internos, previsto en el artículo 3.4 de la LOGP, y en aplicación del criterio legal de separación previsto en el artículo 16,d) de la misma LOGP. (Aprobado por unanimidad)
MOTIVACIÓN: En la actualidad se canaliza dicha atención a través de un sistema de acuerdos entre la Administración penitenciaria y entidades concertadas, existiendo graves retrasos en la atención a los reclusos que presentan padecimientos psiquiátricos. La creación de estas unidades psiquiátricas, atendidas por psiquiatras de la propia institución, se justifica además por la existencia de la especialidad de psiquiatría en la ley 39/1970, de reestructuración de los Cuerpos penitenciarios; por la propia previsión de unidades psiquiátricas, además de los Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios, en los artículos 184 y siguientes del Reglamento Penitenciarios vigente. En la actualidad, además, la inexistencia de Unidades Psiquiátricas suscita problemas de ubicación de penados que padecen anomalías psíquicas, que conforme al citado artículo 184 del Reglamento no pueden ser destinados a Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios y cuya vida en módulos de régimen ordinario resulta de todo punto imposible.


Urgente creación de los Centros de Educación Especial para el cumplimiento de Medidas de Seguridad

05/04/2009

CRITERIOS DE ACTUACION, CONCLUSIONES Y ACUERDOS APROBADOS POR LOS JUECES DE VIGILANCIA PENITENCIARIA EN SUS XVI REUNIONES CELEBRADAS ENTRE 1981 Y 2007

Se insta a las Administraciones penitenciarias a que procedan a la urgente creación de los centros de educación especial, pues su inexistencia actual representa una grave carencia del sistema general penitenciario, que repercute negativamente en el tratamiento de reclusos con deficiencias psíquicas y alteraciones en la percepción que les distorsiona gravemente su conciencia de la realidad. (Aprobado por unanimidad).

MOTIVACIÓN: La creación de estos Centros constituye un imperativo para las instituciones penitenciarias, conforme a sus fines definidos en el artículo 1 de la LOGP; como tales establecimientos, aparecieron además previstos en el artículo 11 c) de la misma LOGP, que los contemplaba como una de las modalidades de los Centros especiales, bajo la denominación de Centros de rehabilitación social. El Código penal ha revisto su existencia bajo la denominación de Centros de educación especial – artículos. 101, 103 y 104-, estableciendo que en los mismos se cumplirán las medidas de seguridad de internamiento de sentenciados a los que se apreció eximente o semieximente por causa de su deficiencia psíquica o déficits de percepción sensorial de la realidad. Actualmente, próximos a los veinticinco años desde la entrada en vigor de la LOGP, y tras siete años de la entrada en vigor del Código penal, siguen sin existir.
Su creación constituye no sólo un imperativo para poder dar cumplimiento a las medidas de seguridad que pudieran imponerse por Jueces y Tribunales sentenciadores, de conformidad con lo dispuesto en los artículos. 101, 103 y 104
del mismo Código, sino también para el tratamiento de penados que adolezcan de tales deficiencias, y a quienes no se les hubiera apreciado circunstancias modificativas de su responsabilidad criminal. Es cierto que el artículo 182.3 del Reglamento Penitenciario ha previsto el desarrollo de convenios de las Administraciones con instituciones públicas y privadas para el cumplimiento de medidas de seguridad, pero ello no exime a las Instituciones Penitenciarias de su deber de retención y custodia, que requeriría en todo caso una aprobación judicial; y por otra parte el citado artículo 182.3 del Reglamento no extiende su cobertura a penados que pudieran adolecer de estas deficiencias psíquicas y sensoriales.


Los psiquiatras apuestan por tratar fuera del Psiquiátrico de Fontcalent a los casos leves

24/03/2009

02-06-2007

El traspaso de los servicios sanitarios penitenciarios a la Generalitat acumula un retraso de tres años y medio

La celebración de juicios rápidos y el endurecimiento de las penas por malos tratos ha propiciado un aumento de los internos en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent. En muchos casos, el periodo de internamiento en este centro que les impone el juez para rehabilitarse.

Uno de los psiquiatras participantes en el debate acerca de la evolución de los hospitales psiquiátricos penitenciarios y anterior presidente de la asociación, Mariano Hernández, aseguró que «se ha desviado el foco asistencial a estos centros, a los que se están derivando a quienes tienen penas leves». En su opinión, estas personas deberían ser tratadas en las redes de salud mental del sistema sanitario y no en una prisión.

Por su parte, el profesor de Derecho de la Universidad de Alicante y educador en el Hospital Psiquiátrico de Fontcalent, Luis Fernando Barrios, consideró que es necesario aumentar los recursos en este centro para garantizar su función rehabilitadora y recordó que únicamente 5 psiquiatras se encargan de la asistencia de cerca de 400 internos.

En cuanto a los tratamientos ambulatorios para algunos de las personas recluidas en el centro, consideró que podrían ser beneficiosos y diminuirían el hacinamiento. También precisó que las principales barreras para llevarlo a cabo son «la oposición de los jueces y de los profesionales que no están dispuestos a asumir esa carga en sus servicios».

Desde la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos en Salud Mental coinciden al apuntar que gran parte de los internos en este psiquiátrico podrían recibir tratamiento ambulatorio cuando no supusieran un riesgo para la ciudadanía. Para ello, consideran que es imprescindible reforzar la red sanitaria de salud mental para poder prestar asistencia a esas personas. También recuerdan que el plazo que la ley marcaba para que las comunidades autónomas asumieran las competencias de los servicios sanitarios penitenciarios para integrarlos en sus servicios de salud finalizó hace tres años y medio.

Los expertos resaltaron la dejadez por parte de las administraciones ante la situación de hacinamiento en las instalaciones psiquiátricas de Fontcalent. Recordaron que fueron creadas con un fin de rehabilitación sanitaria para el que hacen falta más medios y, una vez que se cumple el internamiento, los enfermos tienen problemas para seguir sus tratamientos en sus comunidades autónomas porque no existe buena conexión entre el psiquiátrico y las redes sanitarias autonómicas.

Fuente: Información


Un juez absuelve al director del psiquiátrico al fallar que no es culpable de la falta de personal

24/03/2009

24 de junio de 2007

El magistrado corrige una sentencia que condenó a Martín Casillas y al Estado por las lesiones que se causó una interna que se prendió fuego al no estar vigilada por la escasez de plantilla

RAMÓN FERRANDO
Un magistrado de Instrucción de Alicante ha absuelto al director del psiquiátrico de Fontcalent de una falta de imprudencia por las lesiones que se causó una interna al fallar que no es responsable de la falta de personal en el centro. La familia de la enferma pedía que el director del centro, Miguel Martín Casillas, fuera condenado a una multa de 720 euros y que el Estado pagara una indemnización de 27.501 euros. La interna se prendió fuego al no estar vigilada por la falta de plantilla. El juez ha corregido una sentencia anulada por la Audiencia por un defecto de forma que condenó a Martín Casillas y al Estado.
El caso lo denunciaron en el juzgado los familiares de una enferma que está internada por haber cometido un homicidio utilizando fuego por lo que carecía de autorización para tener mecheros. A pesar de ello, la reclusa se introdujo el 25 de enero de 2005 en el baño y se prendió fuego, causándose heridas graves. El hecho se produjo cuando la interna, que se encontraba sometida al protocolo de prevención de suicidio, estaba con el resto de reclusas – unas treinta aproximadamente – . Las reclusas sólo estaban siendo vigiladas por una funcionaria de prisiones en prácticas. La interna estuvo 33 días hospitalizada y le han quedado múltiple cicatrices, según recoge el apartado de hechos probados de la sentencia.
El juez considera que los hechos probados sí constituyen una imprudencia, pero advierte de que no se puede responsabilizar al director del psiquiátrico. Uno de los psiquiatras de Fontcalent explicó en el juicio que a las internas del módulo de mujeres se les permitía fumar por prescripción facultativa al ser necesario para su tratamiento rehabilitador. El testigo precisó que la interna lesionada se encontraba en el módulo con el resto de mujeres – que fueron las que le dejaron el mechero – a pesar de estar sometida a un protocolo de prevención de suicidio «al ser necesario su relación con otras internas para su rehabilitación».

El juez incide en que «así las cosas, la interna estaba en ese módulo de mujeres y con esas condiciones por prescripción facultativa. No se aprecia en el imputado, Miguel Martín Casillas, actividad imprudente alguna dado que sometía a la interna a actividad y en la forma que le ordenaban los técnicos encargados de su salud mental, cuestión sobre la que no tiene responsabilidad».

El fallo apunta que el director del centro «tampoco es responsable del número de personal que tiene a su cargo, claramente insuficiente y que fue la causa» de que la interna se autolesionara con el fuego «puesto que en el módulo existía una vigilancia insuficiente».

El magistrado sostiene que «los denunciantes deberán ser indemnizados en la vía que corresponda, pero no puede ser la vía penal contra el director del psiquiátrico». El juez puntualiza que el acusado ni si quiera se encontraba en el centro el día de los hechos y «cumplía de forma precisa las instrucciones que le dieron los psiquiatras».

La condena anulada al director del Psiquiátrico y al Estado fue pionera. Fuentes judiciales explicaron que era la primera vez que se condenaba penalmente a la Administración por no garantizar la seguridad de los internos por falta de personal, aunque desde la Fiscalía estaban convencidos de que iba a ser revocada. El juez de la sentencia que fue anulada consideró que el director del centro cometió una falta de imprudencia porque «siendo conocida la personalidad de la interna, pudo y debió adoptarse alguna medida» que impidiera el fácil acceso a mecheros.

Fuente: Información