Desigualdad social | Fontcalent: la cárcel

Cartagena ingresa en la prisión de Villena tras pedir cumplir su condena

23/03/2009

18-07-2008

El ex conseller de Obras Públicas pasa su primera noche preso en el módulo de Enfermería al sufrir una crisis de ansiedad después de la cena

P. G. /P. C./ J. A. M. Con ropa de sport y aparente tranquilidad. El ex conseller de Obras Públicas, Luis Fernando Cartagena, ingresó el miércoles por la tarde en la prisión de Villena para cumplir la condena de cuatro años por malversación de fondos públicos y falsedad documental a la que fue condenado el 14 de marzo de 2002 por la Audiencia provincial y confirmada dos años después por el Tribunal Supremo. Cartagena tuvo que pasar su primera noche en la enfermería del centro tras sufrir una crisis de ansiedad tras la cena.

El ex conseller de Urbanismo en la etapa de Eduardo Zaplana y ex alcalde de Orihuela llevaba cuatro años esperando a que el Gobierno aprobara su indulto, pero esta petición fue rechazada por el Consejo de Ministros el pasado 23 de mayo. Tras esta negativa, Cartagena pidió que se le conmutara un año de prisión por una multa. La Audiencia lo rechazó el 12 de julio y emplazó al procesado a que indicara la fecha en la que deseaba ingresar en prisión. El miércoles, el procurador de Cartagena presentó un escrito ante la Sección VII de la Audiencia indicando que quería comenzar a cumplir la pena de inmediato. Esa misma tarde ingresaba en el centro penitenciario de Villena, que es el que tiene asignado la Audiencia para enviar a sus penados (Fontcalent está destinada para presos que todavía no han sido juzgados).

El ex dirigente popular todavía tiene pendiente otro proceso por delito fiscal por el caso de las primas únicas, en el que se enfrenta a una pena de tres años de prisión. Se trata del primer conseller de la Generalitat Valenciana que ingresa en la cárcel en los últimos treinta años.

Cartagena llegó al penal sobre las ocho de la tarde acompañado por su abogado. Vestía ropa de sport y como equipaje llevaba una bolsa en la mano. El abogado no pudo entrar en el recinto y se quedó en la puerta mientras el personal de la prisión trasladó al ex conseller al interior. En el momento de acceder al recinto penitenciario, Cartagena coincidió con otros reclusos con los que estuvo conversando animadamente mostrándose muy dicharachero. Las fuentes penitenciarias consultadas por este diario destacaron su «aplomo» en esos momentos, por lo que consideran que su «adaptación a la vida en presidio va a ser rápida». A continuación fue confinado en el departamento de Ingresos compartiendo celda con un interno de confianza y buen comportamiento penado por delitos no violentos. Se trata de un procedimiento habitual para proporcionar apoyo moral a quienes pisan por vez primera una cárcel.

Tras la cena, cuando estaba acostado en la litera de su celda, el ex alcalde de Orihuela se mostró repentinamente indispuesto y mareado, por lo que su compañero avisó a los funcionarios. Éstos fueron los encargados de acompañarlo a la Enfermería, donde lo visitó un médico que pudo certificar que se trataba de una crisis leve de ansiedad que pudo haber venido desencadenada por la tensión nerviosa acumulada en los días previos a su ingreso.

En la Enfermería permanecía ayer pero es previsible que a lo largo del día de hoy reciba el alta y sea trasladado al Módulo 7. Esta zona de la prisión se denomina Módulo de Educación y Respeto (MER). En este privilegiado pabellón cumplen condena alrededor de 140 internos. Ingresar en un departamento de estas características implica una serie de ventajas que llevan aparejadas una serie de obligaciones. Así pues, los presos que no cumplen las normas básicas de higiene, orden, limpieza, trabajo, actividades, buena actitud y buen comportamiento acaban siendo expulsados a un módulo de régimen ordinario. Curiosamente, en el MER 7 se encuentra otro cargo público, el ex alcalde de Pego, Carlos Pascual, condenado a seis años por delito ecológico y contra el medio ambiente que cometió en el marjal Pego-Oliva. Este diario pudo hablar con Pascual en diciembre mientras asistía a una clase de inglés que impartía otro compañero de presidio y ya entonces comentó que «esto del MER es un mundo aparte porque se busca conseguir precisamente el objetivo de todas las cárceles, que es la reeducación y reinserción de quienes terminamos en ellas por un motivo u otro», comentó para destacar que «aquí impera el compañerismo y los problemas que puedan surgir entre nosotros los resolvemos hablando y no en el ´tigre´ y con los pinchos como ocurre en todas las cárceles». De todo ello tendrá tiempo de sobra para hablar con el nuevo inquilino de módulo.

El delegado de UGT, José Luis Guerrero, denunció ayer que Luis Fernando Cartagena «ha recibido un trato de favor descarado por parte de la dirección» y destacó que es «una vergüenza» que fuera trasladado pocas horas después de su ingreso al departamento de Enfermería alegando que se sentía mal y sufría «ansiedad». Además, indicó que el director de la prisión fue a última hora de la mañana de ayer a la Enfermería y se entrevistó en un despacho con el ex conseller, algo inusual con otros reclusos, según el dirigente sindical.

Fuente: Información

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Escrito por fontcalent

Inmigración: La discriminación antes, durante, y después del paso por las cárceles

19/03/2009

02-04-2009

La construcción del mito de la peligrosidad de los inmigrantes

Giulio Tinessa (sociólogo y experto en migraciones)

La creciente presencia de extranjeros en las cárceles españolas es utilizada para reforzar el estereotipo de su “peligrosidad social”. Sin embargo, se trata de una lectura superficial que oculta las verdaderas causas.

Desde hace ya algunos años, la relación entre inmigración, delincuencia y sistema penal es un tema muy debatido y controvertido de la agenda política europea. Sin embargo, en momentos de plena campaña electoral como la vivida en el Estado español hace unas semanas, hemos escuchado una lectura superficial de las cifras que se manejan, sobre todo cuando se relaciona el número de inmigrantes entre rejas con la población inmigrante en general para reforzar el estereotipo de su “peligrosidad social”.

En las cárceles españolas hay alrededor de 68.000 personas reclusas, de las cuales el 36% son inmigrantes, cuando estos últimos constituyen poco más del 10% de la población total, proporción que se repite en casi todos los países de Europa occidental. ¿Significa eso que los recién llegados son más peligrosos? Varios estudios sobre las causas de esta sobrerrepresentación ofrecen una lectura alternativa.

La casi totalidad de los delitos cometidos por extranjeros está relacionada con el tráfico de drogas en pequeña escala y con los hurtos, acciones vinculadas más a una situación de precariedad social y económica que a una supuesta subcultura violenta o a un modelo cultural retrasado. Dicho de otra manera, no se puede demostrar ninguna tendencia a delinquir relacionada con el fenómeno migratorio, por el contrario es evidente el carácter instrumental de estos delitos, ante la necesidad de encontrar los medios de subsistencia negados por el mercado de trabajo, y más en general, por una regulación de corte básicamente represiva de la inmigración. Lejos de la imagen mediática y política de una cárcel repleta de asesinos y violadores “extranjeros”, la realidad es más cercana a la prisión como lugar de aislamiento y de condena de los que son empujados al margen de la vida económica y social. Y esta inestabilidad marca toda la experiencia carcelaria de los inmigrantes.

La imposibilidad de pagar una defensa de calidad, junto a hipotéticos indicios de poder eludir la justicia, hacen que los juicios se vuelvan una acción mecánica y rutinaria, en la cual no se está juzgando sólo el delito, si no una serie de variables socio-económicas. No extraña, entonces, que la tasa de las personas extranjeras en condición de preventivo sea más del doble de la población autóctona, llegando hasta extremos de dos años de cárcel sin que se haya celebrado el juicio, y que las condenas sean más largas sobre todo en el caso de inmigrantes irregulares.

Dentro de las cárceles

En el interior del ámbito carcelario, la situación se hace todavía más dramática: desamparo, falta de información y asesoramiento sobre los procedimientos penales, imposibilidad de reivindicar las prestaciones a las cuales tiene derecho cada recluso, necesidad de actuar como un “buen inmigrante preso” para lograr los beneficios que los funcionarios penitenciarios conceden a su total discreción: son estos los aspectos destacados por las investigaciones realizadas en el interior de los penitenciarios. A eso, hay que añadir una explotación de la fuerza laboral extranjera: debido a la falta de recursos económicos, los inmigrantes tienden a monopolizar los llamados “destinos de pago”, trabajos en el interior de la prisión que van hasta las diez horas laborales cotidianas por un sueldo que pocas veces supera los 400 euros por mes.

Por otro lado, la oferta formativa y profesional de la institución penitenciaria, o sea cursos de idioma y talleres profesionales, es caracterizada por una permanente falta de recursos y por la baja capacitación laboral, ya que casi el 90% del presupuesto penitenciario se gasta en tareas de seguridad. Y tampoco resulta ser de gran utilidad para la inserción laboral de los inmigrantes, puesto que todos los títulos eventualmente obtenidos llevan el sello de la prisión, juntando de tal manera el estigma todavía muy difuso que acompaña a los ex presos con la condición de inmigrante.

En el momento de salir de la cárcel, es cuando la situación se vuelve paradójica: aparte de la orden de expulsión que automáticamente se otorga a los extranjeros condenados y que sólo en muy pocos casos se hace efectiva, al salir de la cárcel los inmigrantes, no pueden, según la Ley de Extranjería, obtener permiso de residencia o trabajo justamente por tener antecedentes penales y hasta que estos últimos no se hayan prescrito. Eso significa reproducir aquellas causas que, en la mayoría de los casos, han llevado a los inmigrantes a caer en la “tentación” del delito, obligándoles a una invisibilidad que les deja pocas alternativas para cumplir con su proyecto migratorio y perpetrando, de esta manera, el círculo vicioso entre precariedad socio-económica y sistema penal.

Así se construye el mito de la peligrosidad social de los inmigrantes y se manifiesta la voluntad, por parte de los aparatos políticos, económicos y sociales de luchar contra pobres y minorías, de encerrarles donde no se les pueda ver y donde no puedan perturbar el orden social constituido, y no actuando contra la pobreza. Un ladrillo más en la edificación de la Europa fortaleza.
Fuente: Diagonal

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El jurado sólo ve una «negligencia» en el policía de Benidorm acusado de un crimen

19/03/2009

21 de agosto de 2007
El policía confiesa que se autolesionó para simular el robo y la defensa propia

El policía local de Benidorm que mató el sábado de un disparo a un joven ingresó ayer en Fontcalent tras confesar que se autolesionó para simular un intento de robo.

Fuente: Información

27-02-09

El tribunal popular confirma que disparó a un joven en su casa en un «forcejeo» El agente podría salir en breve de prisión</strong

MANRIQUE C. SÁNCHEZ | ALICANTE

El jurado popular dictaminó ayer que el policía local de Benidorm acusado del crimen del joven madrileño David Carvajal sólo cometió una «negligencia» al matarle de un disparo con su arma reglamentaria en el trascurso de un forcejeo en su casa el 18 de agosto de 2007, según el veredicto, al que ha tenido acceso este diario. El agente, Francisco Javier S. M., de 30 años, cumplirá así una pena mínima y podría salir en breve de prisión.
Por unanimidad, los nueve miembros del jurado consideran que la actitud del acusado fue imprudente, ya que tenía la pistola cargada y lista para disparar en su vivienda, aunque reaccionó a las amenazas de la víctima con un cuchillo.
Francisco Javier S. M. había declarado en la primera sesión del juicio que tenía el arma en la mesita de noche de su casa «por la ola de inseguridad que había en el bloque» y que disparó de forma fortuita al mantener un forcejo con David después de que éste le amenazara con un cuchillo.
Luego trasladó el cadáver al interior de su domicilio, ubicado en la avenida Beniardá, y limpió la escena del crimen antes de avisar a la Policía Nacional.
Su mujer, que le había alertado de que alguien estaba merodeando en la terraza de casa, le ayudó en esa tarea, tal y como admitió ella misma ayer. Con su declaración trató de exculpar a su marido al señalar que David mostraba una «actitud agresiva» y le estaba insultando. Los amigos del fallecido, sin embargo, sostienen que salió de la casa donde estaban pasando el fin de semana, contigua a la del procesado, vestido sólo con unos pantalones de deporte. No tienen tampoco constancia de que fuera armado.
No obstante, los investigadores sí encontraron un cuchillo. Un vecino de Francisco Javier afirmó durante esta segunda sesión de la vista que podría ser uno de los que él suele dejar en una especie de huerto que cultiva en su terraza.
Tras escuchar el veredicto, la Fiscalía solicitó para el policía una pena de cuatro años de cárcel, mientras que el abogado de la defensa, Agustín Ribera, reclamó que se le compensara el tiempo que ha estado ya en la cárcel.
El magistrado de la Sección Primera Alberto Facorro deberá fijar ahora la condena y dictaminar, asimismo, si declara al Ayuntamiento de Benidorm responsable civil de las indemnizaciones que corresponden a la familia del fallecido, pues el funcionario municipal sacó el arma de dependencias policiales sin la debida autorización.

Fuente: La Verdad

21/08/2007
La juez cree que el policía que mató a un hombre en Benidorm se autolesionó

SERGI CASTILLO – Benidorm

El policía local de Benidorm que en la madrugada del sábado mató a un hombre ebrio, de 32 años, que se coló en su casa por la terraza, ingresó ayer en la prisión de Fontcalent (Alicante). La investigación baraja la hipótesis de que el agente se autolesionó para fingir un ataque que justificara su reacción, según fuentes cercanas a la misma. El policía fue encontrado junto al hombre muerto con varias heridas leves de arma blanca. El agente está acusado de un presunto delito de homicidio y el Ayuntamiento de Benidorm le ha suspendido de empleo y sueldo.

Fuente: El País

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Escrito por fontcalent

Los responsables de la guerra sucia del estado no cumplen ni el 10% de las penas
12/03/2009

Rafael Vera sigue la estela de otros altos cargos condenados por los casos Marey y Lasa-Zabala

La concesión del tercer grado a Rafael Vera, «número dos» del Ministerio del Interior durante el mandato del presidente español Felipe González, viene a confirmar una especial forma de aplicar la política penitenciaria que ya ha permitido eludir la cárcel a otros altos responsables de la llamada guerra sucia. Ninguno de ellos ha llegado a cumplir ni el diez por ciento de las condenas que recibieron.

Rafael Vera, condenado por guerra sucia (secuestro de Marey) y corrupción (apropiación de fondos reservados) a penas que sumaban diecisiete años de prisión, es un inmejorable ejemplo de la política aplicada por los gobiernos españoles a este tipo de presos. Vera ha entrado en prisión cuatro veces y las cuatro ha salido de ella con enorme celeridad, aunque eso sí, por diferentes vías. La primera fue en 1995. Sobre el que fuera mano derecha de José Barrionuevo y su sucesor, José Luis Corcuera, pesaban fuertes acusaciones, pero la prisión preventiva apenas se prolongó durante cinco meses;pudo esquivarla con una fianza de 200 millones de pesetas, y su partido, el PSOE, se encargó de aportar el aval.

Ya condenado por el secuestro de Segundo Marey, en setiembre de 1998 Vera volvió a entrar en prisión junto a José Barrionuevo, jaleados por sus compañeros del PSOE con Felipe González a la cabeza. Esta vez estuvo entre rejas sólo tres meses, en los que les dio tiempo a posar ante el ‘‘Guernica’’ que habían pintado en uno de los muros queriendo unir su figura a la de las víctimas del bombardeo franquista. Salió para Nochebuena, gracias a un indulto parcial del Gobierno del PP.

En 2001, sin embargo, el Tribunal Constitucional les denegó el amparo y el Supremo decidió que nueve condenados tenían que retornar a prisión a cumplir la escasa parte de la pena que Aznar no había condonado. Esta vez fue un visto y no visto: y es que el mismo día se les concedió el régimen abierto.

La última estancia en prisión ha sido más larga. Vera ingresó en febrero de 2005 tras la condena de siete años impuesta por llevarse casi cuatro millones de euros de la caja. Sus amigos y colaboradores insinuaron que haría una huelga de hambre para forzar su libertad. No le ha hecho falta. Enseguida se agilizó el régimen de prisión. Primero se le permitió salir cuatro días a la semana, luego cinco, y ahora ya tiene el tercer grado. Está claro que no volverá a pisar la cárcel.

Para diversos partidos, esta medida supone claramente un pago por su silencio. Vera, por contra, se declara perjudicado en relación a otros condenados por estos hechos. Y no le faltan datos objetivos para argumentarlo: ha pasado en prisión dos años y dos meses (aunque sin dormir allí todas las noches), el 15% de las dos condenas iniciales, cuando el resto nunca ha agotado el 10% del tiempo de prisión aplicado.

Curiosamente, en la condena por la guerra sucia hubo mejor trato para Rafael Vera que en la de la corrupción. De la primera cubrió apenas un 8,5%; de la segunda, ha purgado entre rejas un 20%.

Los políticos del PSOE

Por el secuestro de Segundo Marey, el Tribunal Supremo español impuso a doce acusados (políticos y policías), un total de 88 años y diez meses de prisión. Si Vera cumplió ocho meses de los diez años previos al indulto, Julián Sancristóbal ex secretario de Estado para la Seguridad pasó encarcelado apenas un año, sumando además su estancia por presunta implicación en otra acción de guerra sucia, el atentado mortal contra Santi Brouard en 1984.

El de Sancristóbal es otro caso de prisión a plazos, siempre reducidos. Entró en diciembre de 1994 con el estallido de estos casos (fue prácticamente el primero), pero salió con fianza en agosto de 1995. Volvió con Vera y el resto en setiembre de 1998 aunque en otra prisión, pero tres meses después llegó el indulto. En marzo de 1999 le ordenaron otra vez hacer el petate por el «caso Brouard», si bien cuatro meses después estaba en la calle con fianza. Y el 30 de mayo de 2001, finalmente, acudió junto al resto para conocer que no debería pasar ni una noche en la cárcel. Total: cuatro excarcelaciones, quince meses. El otro gran responsable político al que se castigó por el secuestro de Marey es Ricardo García Damborenea, ex secretario general del PSE en Bizkaia. Pisó la prisión en febrero de 1995, pero dos meses después estaba libre con fianza. Aunque poco más tarde reconoció ante el juez Baltasar Garzón su implicación, no se le volvió a encarcelar hasta después del juicio. Y entonces no pasó siquiera de tres meses. El Gobierno del PP, para el que ya entonces había pedido el voto, le dejó la condena de siete años en dos años y tres meses.

Con todo, el mejor parado en proporción fue su colega guipuzcoano Julen Elgorriaga. Al ex gobernador civil y ex delegado del Gobierno le aplicó la Audiencia Nacional 71 años de cárcel por el secuestro y muerte de Joxean Lasa y Joxi Zabala, y el Supremo lo elevó luego hasta los 75. Pero no ha pasado en prisión ni dos años, menos del 3%. Estuvo como preventivo entre junio de 1996 y enero de 1998, y ya tras la sentencia, sólo entre el 9 de mayo y el 23 de julio de 2001. La jaula de oro de Galindo Tampoco ha llegado ni de lejos al 10% el ex jefe de Intxaurrondo Enrique Rodríguez Galindo. Los 75 años de cárcel escritos en la sentencia se han quedado en poco más de cuatro en la práctica. De hecho, hasta que se sentó en el banquillo de la Audiencia Nacional el general sólo pasó entre rejas 72 días: del 23 de mayo al 2 de agosto de 1996. Pese a las decenas de años de petición fiscal en su contra, llegó al juicio a pie y no en furgón, lo mismo que Elgorriaga o el teniente Angel Vaquero. Sólo los dos guardias civiles de base, Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal, estaban encarcelados.

Pese a la contundencia del fallo judicial y las poses de Galindo, se auguraba que no pasaría mucho tiempo en prisión. Tras una campaña en favor del indulto que no terminó de prosperar, finalmente la excarcelación le llegó vía libertad condicional basada en motivos de salud. Desde el 1 de octubre de 2004 Galindo está en la calle. Había ingresado en prisión en mayo del año 2000.

Galindo repartió este tiempo entre la prisión militar de Alcalá y la civil de Ocaña, a la que no fue trasladado hasta julio de 2003, tiempo después de haber sido desposeído de la condición de militar y tras una intensa resistencia por su parte. Quizás por eso, según informaron luego diversos medios, en Ocaña tanto él como el también condenado ex teniente Vaquero dispusieron de un módulo con diez celdas vacías en las que al parecer pudieron instalar televisión, ordenador y hasta un pequeño gimnasio. Se asegura además que se les permitía comprar comida fuera de la prisión. Y Galindo siguió recibiendo visitas insignes, como la de dos ex ministros Corcuera y Barrionuevo en la tarde del 11-M.

PP y PSOE, tal para cual

Aunque el PP hiciera bandera de la cuestión de la guerra sucia para llegar a La Moncloa en 1996, tardó muy poco en mostrar que no estaba dispuesto a que sus responsables pagaran por ello. Si el PSOE había abonado fianzas y respaldado a los condenados por secuestros hasta las puertas de la prisión, el PP hizo más: concedió un indulto parcial por el «caso Marey», el 23 de diciembre de 1998, que es el factor principal que explica que nadie haya llegado al 10% de cumplimiento.

La entonces ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, tuvo un gesto de sinceridad aquel día al admitir que «nunca en la historia judicial española se había tramitado un indulto con tal celeridad». Y un portavoz del PP instó al PSOE a reconocer esta circunstancia porque «es de bien nacidos ser agradecidos».

Del corazón de Elgorriaga y Galindo a la depresión del Vera aislado R.S.

Cuando el indulto no llegó o no bastaba, los condenados por guerra sucia no han encontrado en la legislación mayor problema para acceder a la libertad. Elgorriaga, Vera y Galindo la recobraron con un mismo motivo: problemas de salud.

El caso del ex gobernador civil de Gipuzkoa fue fulminante. Ni siquiera hubo críticas de partidos cuando, recién encarcelado tras la condena, se anunció que se le había concedido un «tratamiento extrapenitenciario por grave enfermedad», al parecer coronaria. Fue en octubre de 2004, y de Elgorriaga no se ha vuelto a oír hablar.

Rodríguez Galindo alegó problemas cardiovasculares, y la responsable de Instituciones Penitenciarias hizo el resto. Mercedes Gallizo lanzó una extensa excusatio non petita cuando el ex general quedó libre: «No tiene un problema circunstancial, sino algo que podría agravarse de manera considerable en prisión. Mantiene además el segundo grado y está bajo custodia del Estado. La Junta de Tratamiento de Ocaña ya había recomendado meses antes esta medida, pero yo no la acepté. Hay que tener una consideración humanitaria con las personas privadas de libertad».

En el caso de Vera, ha sido una depresión que, al parecer, afectó también a su mujer. El motivo hecho público por la Audiencia de Madrid era el aislamiento impuesto «debido al alto cargo que ocupó». El auto emitido en el mes de junio, cuando se le permitió ya salir a la calle cinco días a la semana, indicaba que «pensar que este es un tercer grado disimulado sería un mal pensamiento». Ahora sí que lo tiene de forma oficial. Fuente: Kaos en la Red

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Escrito por fontcalent

El ex conseller Cartagena no tendrá que volver a prisión para cumplir su condena
04/03/2009

13 de octubre de 2008

Completará la pena con una pulsera de control telemático y estará en su casa 8 horas al día.

LEVANTE (MERCEDES GALLEGO).- En su casa de Valencia. Allí es donde va a cumplir la pena el ex conseller de Obras Públicas Luis Fernando Cartagena, condenado a cuatro años de cárcel por malversación de fondos públicos y falsedad documental al quedarse con ocho millones de las antiguas pesetas de una congregación de monjas. Instituciones Penitenciarias ha concedido al también ex alcalde de Orihuela el tercer grado inicial que le permite completar la condena con control telemático, es decir, portando una pulsera que le obligará a permanecer en su domicilio un mínimo de ocho horas pero que, por contra, le exime de volver a la prisión de Albacete, en la que lleva desde julio y en donde anoche ingresó, tras un permiso de fin de semana, probablemente por última vez por esta causa. El ex conseller pidió su traslado a esa cárcel desde la de Villena, en la que apenas permaneció unos días tras su ingreso voluntario el 16 de julio.

La decisión del cambio de régimen penitenciario de Cartagena se ha adoptado en Madrid previo informe favorable de toda la junta de tratamiento de la prisión albaceteña, que por unanimidad estimó que debía concedérsele el tercer grado. Un criterio que tampoco fue recurrido por el fiscal de Vigilancia Penitenciaria.

Fuentes del caso explicaron que a favor del ex político ha pesado, fundamentalmente, que haya devuelto el dinero con el que se había quedado zanjando así la responsabilidad civil, aunque también se ha tenido en cuenta el tiempo transcurrido desde que se produjeron los hechos, 16 años, el que se trate de su primer delito, el apoyo familiar y que el interno está «socializado». Las fuentes antes citadas agregaron que las condiciones que reúne Cartagena son «de libro» para concederle este nuevo status penitenciario que mejora sustancialmente el modo en que completará el cumplimiento de la condena.

Las mismas fuentes puntualizaron que, con todo, esto no hubiera sido posible de haber superado la condena los cinco años de prisión.

La resolución se ha adoptado cuando aún no se han cumplido los tres meses de su ingreso en prisión y después de que el ex conseller estuviera esperando durante años a que se le concediera el indulto que había solicitado, lo que no ocurrió. Cartagena tiene aún otro proceso penan pendiente por el caso de las primas únicas.

«Para cumplir una condena no es necesario estar entre rejas. En casa, con el control telemático, también voy a estar cumpliendo la pena. No hay que confundir pena con castigo». Así se expresaba ayer Luis Fernando Cartagena apenas una hora antes de regresar a la prisión de Albacete, tras disfrutar de un permiso de fin de semana, para el que el probablemente será su último ingreso por esta causa.

A preguntas de este diario, Cartagena explicó que está a la espera de que se resuelvan unos trámites administrativos para que se haga efectivo el cambio de grado del segundo al tercero inicial y poder regresar así a Valencia, donde seguirá cumpliendo la pena, pero ya con control telemático.

El ex conseller resaltó el hecho que hubiera habido unanimidad en la junta de tratamiento de la cárcel para acceder este cambio, solicitado por su abogado, y que desde que se produjeron los hechos «no haya tenido ni una multa de tráfico». Aseguró que «sigo con mi vocación de vivir tranquilo» y, a la pregunta de si se iba a volver a incorporar a su actividad profesional en una mercantil de telefonía, precisó que «tengo que preparar mi adaptación a la vida profesional pero no reincorporarme porque no me he ido, me han seguido pagando».

Fuente: Levante

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La realidad penitenciaria de la Comunidad de Aragón
03/03/2009

2009

Cáritas Zaragoza

El informe muestra las consecuencias sociales y personales producidas por la cárcel y propone alternativas para evitar la reincidencia y la exclusión social de las personas que entran en este entramado de falsa reinserción. Con la autorización de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior se pudo estudiar la situación de 400 personas presas de los tres centros penitenciarios aragoneses. Para la elaboración de este estudio se ha contactado también con 250 familias de personas presas, se ha contado con siete expertos y se establecieron cinco grupos de discusión
El estudio analiza las relaciones entre pobreza, exclusión y cárcel; denuncia el agotamiento de la prisión como solución única al delito; defiende la corresponsabilidad de toda la sociedad en el origen del delito y en la reinserción de las personas presas y destaca la importancia del entorno afectivo como elemento reinsertador.
Además, presenta unas propuestas de actuación para el interior y el exterior del ámbito penitenciario, haciendo hincapié en la reivindicación de unas políticas de prevención que atañen al sector educativo, laboral y familiar. El informe constata una doliente falta de información, concienciación y de corresponsabilidad de nuestro tejido social público (Administraciones de todo nivel) y privado (instituciones financieras, universidades, patronales…) en lo relativo a la vida en prisión en general y, también apunta algunos efectos, generados por una mala información desde los medios de comunicación, que repercuten y han repercutido en el imaginario colectivo de la sociedad, con grave daño para las personas que sufren, desde el inicio de su existencia, la criminalización de la pobreza. De las 73.950 personas presas en España en Noviembre 2008, 2.544 cumplen condena en Aragón (2.394 hombres y 150 mujeres).
El perfil de las personas presas en Aragón no ha variado sustancialmente respecto del tradicional perfil consolidado desde los años 90 con la excepción del peso de una mayor extranjería y la incorporación de problemas de salud mental: varón, entre 21 y 40 años, español, con una condena media de 8,3 años, condenado por un delito contra la propiedad o el tráfico de drogas, con bajo nivel formativo, con problemas de adicción, y con importantes problemas de salud mental.
España es uno de los países de la UE con menor tasa de criminalidad. Mientras la media de la tasa de criminalidad en la UE se sitúa en 69 infracciones por cada mil habitantes, en España, las cifras indican que tan sólo tenemos 50,7 infracciones por cada mil habitantes. Es decir 18,3 infracciones menos por cada mil habitantes. La conclusión es clara: ni se cometen muchos delitos, ni los que se cometen tienen como objeto principal las personas (eje fundamental de la percepción de inseguridad ciudadana) sino la propiedad. En España, el índice de quebrantamientos de los permisos penitenciarios es de 0,58 por ciento.

Fuente: Cáritas.

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